CONECTATE CON NOSOTROS

Argentina

Anses demoró más de dos meses para finalizar con el pago del primer IFE

El organismo puso en marcha ahora el pago de la segunda tanda, que demandará entre «cuatro y cinco semanas» para casi 9 millones de personas. Se evalúa un tercer pago, pero no para todo el país.

Ailén Lazarte

Publicado

en

Setenta y dos días tardó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para terminar de pagar la primera tanda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos a casi 9 millones de personas.

El dato fue confirmado por la titular del organismo previsional, María Fernanda Raverta. “El primer IFE se terminó de pagar el 3 de junio”, dijo la funcionaria y confirmó que ya está en marcha el segundo pago.

El IFE había sido anunciado el 23 de marzo por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, con la idea de otorgarle una ayuda a 3,6 millones de personas, cálculo que terminó casi triplicándose

La demora en la implementación del IFE fue una de las causas por las que el presidente Alberto Fernández echó al titular de la Anses Alejandro Vanoli el 29 de abril.

Esa demora en la ayuda oficial generó cientos de miles de reclamos e incluso presión política de intendentes de los grandes aglomerados, donde están los principales bolsones de pobreza de la Argentina.

Desde el organismo previsional explicaron a Vía País que se tardó más de dos meses porque había mucha gente que se inscribió pero no tenía forma de recibir el pago de una manera transparente, con la que quedara un registro oficial.

Por eso se utilizaron las oficinas del Correo Argentino, donde los beneficiarios pudieron acercarse con sus DNI. Ahora, para menor complicación, a cada beneficiario se le hará directamente una cuenta bancaria gratuita con Clave Bancaria Uniforme (CBU).

También en la primera etapa hubo mucha gente que tenía desactualizada su información registrada en la Anses y por lo que inicialmente fue rechazada. Pero luego se revisó su situación y se admitió el pago.

El lunes 8 de junio, la Anses puso en marcha el segundo cronograma del IFE. En esta nueva etapa de la ayuda del Estado se está pagando primero a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que cobran con la terminación del DNI.

Se trata de unas 2,4 millones de personas que reciben una ayuda oficial mensual por cada hijo menor y ahora tiene un refuerzo de 10.000 pesos, para afrontar las dificultades extra que genera la cuarentena obligatoria con la que se combate el Covid-19.

Cuando termine esta etapa, se le pagará a todos aquellos que tengan CBU registrado. El fin de semana, trabajaron los equipos de comunicación y sistemas de la Anses para poner un aplicativo en la página web, con el objetivo que los inscriptos puedan elegir y validar el CBU.

Según dijo Raverta en declaraciones a la radio Futurock, después se les pagará a aquellas personas que nunca tuvieron cuenta bancaria. Cada persona tendrá que ir al banco a retirar los 10.000 pesos y ahí se le entregará un CBU por una cuenta bancaria gratuita.

Unas 8.846.709 personas estarán recibiendo por segunda vez el ingreso familiar de emergencia. Pero esto cambiará en caso de que el Gobierno decida avanzar con una tercera cuota de 10.000 pesos.

Cambios que vienen

Raverta dijo que la idea es terminar con el segundo pago del IFE mientras se sigue pensando cómo ir acompañando a las familias ante la grave crisis económica que está generando la parálisis de la economía.

“No se sabe el formato ni el instrumento”, respondió la funcionaria acerca de cómo podría darse esa tercera cuota. Y señaló: “Hay una dinámica constante de reflexión y caracterización de lo que va pasando y eso hace que las medidas se vayan tomando en función del diagnóstico de la realidad”.

Por eso, para la Anses ya no es lo mismo un lugar en el que ya la economía se puso en marcha porque no hay circulación de Covid-19 que una zona en la que rige una cuarentena más estricta, como es el Área Metropolitana de Buenos Aires o el Gran Resistencia.

Gente que aguarda con distanciamiento social para cobrar el IFE. (Web)

Gente que aguarda con distanciamiento social para cobrar el IFE. (Web)

“No es lo mismo este tiempo que uno donde económicamente algunos lugares se pueden volver a poner a funcionar. Se va revisando el día a día la posibilidad de que el Estado esté presente y acompañando en esta coyuntura a cada una de las familias”, dijo Raverta.

Raverta dijo que esta vez, la Anses pudo agilizar los pagos gracias a que el Banco Central emitió una comunicación a las entidades financieras para que incorporen los pagos de los beneficiarios el IFE. No obstante, el cronograma actual demandará entre “cuatro y cinco semanas”.

“Ahora tenemos a todas las entidades bancarias a disposición. Por supuesto, en las zonas donde la cantidad de personas es menor, con los bancos públicos son suficientes. Pero en otras, como en el AMBA, se necesita la colaboración de la banca privada”, dijo Raverta.

Continuar Leyendo

Argentina

Paro docente en varias provincias complica el inicio de clases en Argentina

Gremios docentes confirmaron medidas de fuerza en distintas provincias del país en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. La protesta genera incertidumbre sobre el inicio de clases y pone en tensión las negociaciones entre sindicatos, gobiernos provinciales y la Nación.

Ailén Lazarte

Publicado

en

El comienzo del ciclo lectivo en distintas provincias de Argentina se encuentra atravesado por un nuevo conflicto salarial entre los sindicatos docentes y las autoridades educativas. Diversos gremios del sector anunciaron un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y de una mayor inversión en educación, lo que amenaza con retrasar el inicio de clases en varias jurisdicciones.

Las organizaciones sindicales sostienen que los salarios docentes han perdido poder adquisitivo frente a la inflación registrada en el último año y reclaman una recomposición urgente que permita recuperar el ingreso de los trabajadores de la educación. Además, exigen que se convoque nuevamente a la paritaria nacional docente para discutir un salario mínimo a nivel país.

Entre los gremios que impulsan las medidas de fuerza se encuentran entidades nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), uno de los sindicatos más representativos del sector. Desde la organización señalaron que la situación económica afecta directamente a los docentes y advirtieron que la falta de respuestas concretas podría derivar en nuevas protestas.

Por su parte, desde el gobierno nacional encabezado por Javier Milei sostienen que las negociaciones salariales corresponden a cada provincia, ya que la educación es una competencia descentralizada. En ese marco, las autoridades remarcaron que las jurisdicciones deben avanzar en acuerdos propios con los gremios locales.

Sin embargo, la falta de consenso entre sindicatos y gobiernos provinciales generó un escenario de tensión que repercute directamente en el calendario escolar. En varias provincias, los docentes anunciaron que no comenzarán las clases hasta que se presenten propuestas salariales que consideren satisfactorias.

El conflicto genera preocupación entre las familias y la comunidad educativa, ya que el inicio del ciclo lectivo es un momento clave para millones de estudiantes en todo el país. Las autoridades educativas esperan que las negociaciones continúen en los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el comienzo de las clases.

Mientras tanto, el paro docente vuelve a poner en el centro del debate la situación salarial del sector educativo y el financiamiento del sistema público de enseñanza, una discusión que se repite en el país cada vez que se acerca el inicio del año escolar.

Continuar Leyendo

Argentina

El Gobierno profundiza el ajuste fiscal y anuncia nuevos recortes para sostener el superávit

La administración de Javier Milei confirmó que avanzará con un nuevo paquete de medidas orientadas a consolidar el equilibrio de las cuentas públicas. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es “blindar” el superávit fiscal, mientras crecen las tensiones con gobernadores y gremios.

Ailén Lazarte

Publicado

en

El Gobierno nacional anunció que profundizará el ajuste del gasto público en las próximas semanas con el fin de mantener el superávit fiscal alcanzado en los primeros meses de gestión. La decisión forma parte del programa económico que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene como eje central el déficit cero.

Fuentes oficiales indicaron que las nuevas medidas incluirán recortes en partidas administrativas, revisión de contratos estatales y una reducción adicional en transferencias discrecionales a provincias. También se avanzaría en una reestructuración de organismos públicos considerados “ineficientes”, según la visión del Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Economía aseguran que el ordenamiento de las cuentas es condición necesaria para sostener la desaceleración inflacionaria y estabilizar el mercado cambiario. En ese sentido, remarcan que el equilibrio fiscal es la principal señal hacia los mercados y organismos internacionales.

Sin embargo, la profundización del ajuste generó preocupación en distintos sectores. Gobernadores de varias provincias advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes en obras públicas y programas sociales, mientras que gremios estatales anticiparon posibles medidas de fuerza si se producen nuevos despidos o reducciones salariales.

Analistas económicos señalan que el desafío del Gobierno será sostener el equilibrio sin afectar aún más el nivel de actividad y el consumo, en un contexto de caída del poder adquisitivo y retracción económica.

La Casa Rosada, por su parte, ratificó que no habrá marcha atrás: “El superávit no se negocia”, sostienen en el entorno presidencial, en línea con la hoja de ruta que el Presidente viene defendiendo desde el inicio de su mandato.

Continuar Leyendo

Argentina

Argentina pide a la Justicia de EE. UU. suspender proceso legal sobre YPF y frenar pedidos de información intrusivos

El Gobierno argentino solicitó formalmente ante un tribunal de Nueva York la suspensión del proceso de “discovery” —fase de intercambio de pruebas e información— en el litigio relacionado con la nacionalización de la petrolera estatal YPF, al considerar que los requerimientos actuales son **intrusivos, desproporcionados y afectan la soberanía nacional. La presentación también busca frenar un pedido de desacato formulado por los demandantes

Ailén Lazarte

Publicado

en

Qué motivó la presentación del Gobierno

La Procuración del Tesoro de la Nación presentó este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, liderado por la jueza Loretta Preska, un pedido para suspender la etapa de discovery en el juicio por la expropiación de YPF, así como para retirar la solicitud de desacato en contra del Estado argentino impulsada por los demandantes.

El discovery es una fase del proceso judicial estadounidense en la que cada parte puede solicitar información, documentos y pruebas a la contraparte o a terceros. El Gobierno argentino sostiene que este mecanismo ha sido llevado “más allá de lo razonable” con requerimientos que, según su criterio, vulneran la soberanía del país y no contribuyen a la ejecución de una sentencia civil típica.

Argumentos del Estado argentino

En su presentación, la Procuración afirmó que:

  • Los pedidos de discovery se han tornado “intrusivos y desproporcionados”, afectando “de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales.”

  • El Gobierno ha cumplido de manera exhaustiva con sus obligaciones legales, entregando volúmenes significativos de información, pero aún así enfrentó exigencias que considera ajenas al objetivo del proceso.

  • Algunos de los pedidos impugnados incluyen solicitudes de información sensible sobre activos o comunicaciones que, a criterio argentino, no son pertinentes ni ejecutables según el derecho internacional.

El escrito también recuerda que en gobiernos anteriores la Argentina fue declarada en desacato en causas internacionales, pero subraya que esta administración ha cumplido con todos los requerimientos formales.

Contexto del caso

El litigio se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino asumió el control mayoritario de la petrolera. Accionistas minoritarios afectados presentaron demandas en tribunales de Estados Unidos argumentando que no se respetaron ciertos derechos de los inversores.

La Corte de Nueva York había dictado una condena que obliga a Argentina a pagar una indemnización millonaria (más de US$16.000 millones), y parte del conflicto actual gira en torno a cómo se ejecutaría esa sentencia.

Repercusiones y próximos pasos

La solicitud de suspensión presentada por Argentina ahora queda en manos de la justicia estadounidense, que deberá decidir si concede o no el pedido mientras avanzan las apelaciones y otros recursos legales disponibles.

Mientras tanto, la presentación subraya una postura firme del Gobierno de defender la soberanía jurídica del país y de cuestionar lo que considera un uso indebido de herramientas procesales por parte de los demandantes.

Continuar Leyendo

Tendencias