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Policiales

Giro de horror en Rosario: caen nueve policías acusados de prender fuego vivo a un hombre en un operativo

Una mentira oficial que se sostuvo durante dos años terminó de desmoronarse por completo. Nueve efectivos de la Policía de Santa Fe fueron detenidos en las últimas horas y serán llevados a audiencia imputativa el próximo martes, acusados de un aberrante caso de violencia institucional: haber rociado con alcohol y prendido fuego a un hombre durante un procedimiento, para luego armar un acta falsa y hacer pasar el ataque como un accidente doméstico.

Ailén Lazarte

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El hecho, que permanecía bajo un manto de impunidad, ocurrió el 27 de mayo de 2024 en la calle Larrechea al 1900, en la zona norte de Rosario. Aquella jornada, los uniformados irrumpieron en el lugar en el marco de un operativo de flagrancia por narcomenudeo, donde detuvieron a un grupo de personas con estupefacientes. En medio del despliegue, Raúl Andrés A., de 42 años, sufrió quemaduras críticas en todo su cuerpo.

La primera versión que los policías plasmaron en los papeles oficiales fue burda: aseguraron que el sospechoso había intentado quemar una mochila para destruir evidencia y que, de manera accidental, las llamas lo habían alcanzado. Sin embargo, tras una minuciosa investigación penal y la intervención de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, la verdad salió a la luz. La propia víctima, quien logró sobrevivir tras pasar meses en terapia intensiva, relató el horror en primera persona: los efectivos le vertieron una botella de alcohol etílico sobre el cuerpo y, con total crueldad, le acercaron fuego.

Las secuelas para Raúl Andrés A. son devastadoras y definitivas: quedó traqueotomizado, con el cuerpo cubierto de cicatrices y con la pérdida total de la voz.

El próximo martes, el fiscal Pablo Socca sentará en el banquillo de los acusados a los nueve implicados bajo una catarata de cargos que anticipa penas altísimas. La imputación principal será por tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser miembros de una fuerza de seguridad. A esto se le sumarán los delitos de falsedad ideológica (por inventar el acta), amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los policías que terminaron tras las rejas y enfrentan la destitución inmediata fueron identificados oficialmente como David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano O., Jesús B., Maximiliano C., Isaias B., Estela B. y Maria Eugenia N., desnudando una trama de complicidad corporativa que la Justicia santafesina busca desmantelar de raíz.

El hecho, que permanecía bajo un manto de impunidad, ocurrió el 27 de mayo de 2024 en la calle Larrechea al 1900, en la zona norte de Rosario. Aquella jornada, los uniformados irrumpieron en el lugar en el marco de un operativo de flagrancia por narcomenudeo, donde detuvieron a un grupo de personas con estupefacientes. En medio del despliegue, Raúl Andrés A., de 42 años, sufrió quemaduras críticas en todo su cuerpo.

La primera versión que los policías plasmaron en los papeles oficiales fue burda: aseguraron que el sospechoso había intentado quemar una mochila para destruir evidencia y que, de manera accidental, las llamas lo habían alcanzado. Sin embargo, tras una minuciosa investigación penal y la intervención de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, la verdad salió a la luz. La propia víctima, quien logró sobrevivir tras pasar meses en terapia intensiva, relató el horror en primera persona: los efectivos le vertieron una botella de alcohol etílico sobre el cuerpo y, con total crueldad, le acercaron fuego.

Las secuelas para Raúl Andrés A. son devastadoras y definitivas: quedó traqueotomizado, con el cuerpo cubierto de cicatrices y con la pérdida total de la voz.

El próximo martes, el fiscal Pablo Socca sentará en el banquillo de los acusados a los nueve implicados bajo una catarata de cargos que anticipa penas altísimas. La imputación principal será por tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser miembros de una fuerza de seguridad. A esto se le sumarán los delitos de falsedad ideológica (por inventar el acta), amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los policías que terminaron tras las rejas y enfrentan la destitución inmediata fueron identificados oficialmente como David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano O., Jesús B., Maximiliano C., Isaias B., Estela B. y Maria Eugenia N., desnudando una trama de complicidad corporativa que la Justicia santafesina busca desmantelar de raíz.

Policiales

Tragedia en la costanera: condenaron a 16 años de cárcel a Gagliasso por el doble crimen de Tania Gandolfi y su hija Agustina

El tribunal del Centro de Justicia Penal fijó la pena para el joven alojado en el penal de Piñero, al considerar que actuó con dolo eventual. Quedó probado que circulaba a más de 120 km/h por una zona peatonal y céntrica persiguiendo a un motociclista tras un altercado en el túnel Arturo Illia. «Es la sanción más alta en la provincia y el país para este tipo de calificaciones», destacaron desde la fiscalía.

Ailén Lazarte

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Un tribunal integrado por tres juezas del Centro de Justicia Penal de Rosario dictó la condena de 16 años de prisión efectiva para Agustín López Gagliasso, en el marco del juicio oral y público por el trágico hecho vial en la costanera donde perdieron la vida Tania Gandolfi (41) y su hija Agustina García (17), registrado el 21 de enero de 2025. “Es la pena más alta en la provincia y también a nivel nacional para este tipo de calificaciones de homicidios”, afirmó una de las fiscales tras la audiencia, confirmando que el imputado continuará privado de la libertad en la cárcel de Piñero.

Las magistradas Valeria Pedrana y Paula Álvarez encuadraron el accionar de Gagliasso bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual. Según la resolución, se comprobó que el conductor pudo representarse con claridad el peligro letal que generaba al desplazarse a más de 120 km/h por un sector peatonal céntrico para alcanzar a un motociclista luego de una discusión previa en el túnel Arturo Illia, sin contemplar los riesgos, coincidiendo con la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación.

En la etapa de alegatos de clausura, las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias sostuvieron la existencia de dolo en el accionar del imputado, postura a la que adhirió el abogado querellante Claudio Puccinelli, en representación de la familia García. Ambas partes ratificaron la solicitud de 16 años de prisión efectiva más 10 años de inhabilitación absoluta para la conducción de vehículos.

En contraposición, el abogado defensor Carlos Varela buscó descartar el dolo eventual para encuadrar lo sucedido como un homicidio culposo. La defensa argumentó que, si bien «no se busca la impunidad de Agustín y debe pagar por lo que hizo», el joven perdió el control del rodado sin intención ni representación previa de ocasionar una muerte.

El debate oral, iniciado el pasado 7 de septiembre, estuvo atravesado por valiosas pruebas técnicas e instancias de profunda carga emotiva.

La advertencia de la acompañante

Giovanna R. (20), quien viajaba en el asiento del acompañante del Peugeot 206 gris, aportó una declaración clave al recordar los insistentes pedidos que le hizo a Gagliasso para que disminuyera la velocidad a la salida del túnel: ««Pará porque nos vamos a matar», le dije. Él estaba enceguecido siguiendo a la moto, no le importó nada».

La velocidad y las cámaras

Los análisis periciales expuestos por la Fiscalía y las grabaciones captadas por el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Rosario confirmaron que el vehículo circulaba a más de 120 kilómetros por hora. A su vez, determinaron la ausencia total de huellas de frenada previas a subir a la vereda e impactar contra la familia.

Las palabras del imputado

Durante la jornada del pasado jueves, Agustín Gagliasso declaró ante el tribunal, pidió disculpas a la familia de las víctimas y expresó: «Manejé mal, fui a una velocidad que no tenía que ir», aduciendo que tras perder la estabilidad del automóvil le resultó imposible evitar la colisión.

El conmovedor testimonio de Diego García

El viernes, el esposo de Tania y padre de Agustina brindó un relato estremecedor que conmovió a los presentes en la sala. «Vivo por mi hija María Victoria y lucho por Justicia», manifestó García al reconstruir el momento en que logró proteger a la niña de 6 años de la embestida, y apeló directamente a las magistradas: «Las juezas son responsables de quedar en la historia y cambiar las leyes».

Este martes al mediodía, las integrantes del tribunal darán lectura formal al veredicto definitivo que fijará de manera oficial la calificación legal y los años de pena para Agustín López Gagliasso.

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Policiales

Iban a ser demorados por tener sexo en la calle, rompió un patrullero a patadas y amenazó con influencias de su padre ex juez

Ocurrió el domingo por la mañana en Laprida y Garibaldi. El hombre, de 34 años, provocó daños en el móvil policial y lesionó a una suboficial. Su acompañante, una cabo primero de Prefectura, también fue aprehendida pero quedó en libertad sin formación de causa.

Ailén Lazarte

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Un insólito e intenso operativo policial terminó con la aprehensión de un hombre de 34 años y una mujer de 30 el pasado domingo por la mañana en el cruce de Laprida y Garibaldi. El procedimiento se desencadenó tras la denuncia de un peatón que advirtió que la pareja se encontraba manteniendo relaciones sexuales dentro de una camioneta Toyota Hilux estacionada en la vía pública.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico solicitaron la documentación correspondiente, pero los involucrados se negaron a identificarse. En ese contexto, el conductor, identificado como Lucio F., amedrentó a los uniformados asegurando que podía lograr sus despidos de la fuerza argumentando que su padre, ex magistrado judicial, había dictado condenas contra la organización criminal Los Monos.

Frente a la negativa y el tono desafiante, Lucio F. fue reducido y esposado en el patrullero. Tras rechazar someterse a los controles de alcoholemia y narcolemia, inspectores de Tránsito municipal dispusieron el remolque de la Hilux hacia el corralón. En tanto, la mujer, identificada como Camila B. —quien se desempeña como cabo primero de Prefectura Naval—, procuró entorpecer la labor de los agentes, motivo por el cual también fue arrestada.

La situación escaló durante el traslado a la comisaría 15ª. Una vez dentro de la unidad, el sujeto comenzó a tirar patadas contra la estructura del móvil, logrando romper el cristal trasero de la puerta izquierda. El estallido del vidrio provocó escoriaciones en el rostro a una suboficial que participaba del traslado.

El fiscal de turno en una primera instancia, Guillermo Apanowicz, dispuso la liberación de la integrante de Prefectura sin inicio de actuaciones penales. Por su parte, el hombre también recuperó la libertad, aunque en su caso quedó formalmente imputado en una causa penal por los delitos de daños y lesiones. Las actuaciones del legajo quedaron en manos de la fiscal Silvana Valero, de la Unidad de Salidas Alternativas, quien determinará los pasos procesales a seguir.

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Condenaron a dos sicarios por un crimen al azar y ataques mafiosos cometidos en 2023

Lautaro Román Núñez y Roberto Chapire recibieron penas de 28 y 18 años de prisión, respectivamente, en una sentencia dictada este martes en el Centro de Justicia Penal. Fueron juzgados por el asesinato de Laureano Cardozo, atacado mientras paseaba a su mascota, y por los disparos contra la sede de la Policía de Investigaciones y el destacamento El Tanque.

Ailén Lazarte

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Este martes se dio a conocer la condena para dos hombres acusados por un homicidio al voleo y balaceras contra la sede de la Policía de Investigaciones y el destacamento policial El Tanque, atentados perpetrados en agosto de 2023. Las penas recayeron sobre Lautaro Román Núñez (24 años), sancionado con 28 años de cárcel, y Roberto Chapire (25 años), sentenciado a 18 años.

El veredicto fue presentado en la sala 10 del Centro de Justicia Penal por el tribunal colegiado que integraron los jueces Lisandro Artacho, Dolores Aguirre Guarrochena y Paola Aguirre. Cabe señalar que la fiscal Laura Riccardo había solicitado 32 años de pena para Núñez y 25 años para Chapire.

Los acontecimientos revisados durante las audiencias expusieron una radiografía de la crisis de seguridad que atravesaba la ciudad en aquel período, cruzada por disputas territoriales ordenadas desde establecimientos penitenciarios federales y provinciales, con balaceras y crímenes diarios.

Doble ataque y mensaje

Durante la noche del 25 de agosto de 2023, la portada del edificio de la ex Agencia de Investigación Criminal (actual PDI), ubicado sobre Lamadrid al 400, fue blanco de múltiples disparos con intenciones intimidatorias.

A los pocos minutos, la agresión se repitió contra el destacamento El Tanque, situado en Abanderado Grandoli al 3900. En ese hecho resultó gravemente herido David Obregón, un trabajador que permanecía en la parada del colectivo.

“Nico Camino, Erik Masini y fiscal Ederik dejen de matar gente inocentes porque sino vamos a enpezar a matar policia, juezez fiscales” [SIC], indicaban las notas manuscritas halladas por los peritos en los lugares de los atentados.

Los dos primeros mencionados, alojados en aquel momento en el presidio federal de Rawson (Chubut), se habían distanciado de la estructura de Los Monos. Según los datos del caso, mantenían un reclamo de dinero por un cargamento de estupefacientes perdido por otros reclusos vinculados al clan Cantero, conflicto que desencadenó un violento enfrentamiento en la vía pública desde finales de 2022.

El detalle de la moto y las pericias dactilares

El registro de las cámaras de videovigilancia mostró que los atacantes se desplazaban en un vehículo de dos ruedas de mediana cilindrada. Al descender frente al inmueble de Lamadrid al 400, el agresor dejó a la vista que el tapizado del asiento del rodado presentaba una rotura.

Esa marca permitió a los investigadores determinar que se trataba de una moto Guerrero GR1 150, la cual fue secuestrada tiempo después en la zona de Seguí al 285 bis.

El vehículo estaba en poder de Chapire. Aunque inicialmente fue imputado por encubrimiento, los peritajes realizados sobre su teléfono móvil y el rastreo por geolocalización lo ubicaron en el perímetro de los hechos, quedando acusado como coautor de los disparos.

Por su parte, el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar (AFIS, por sus siglas en inglés) —tecnología que posibilita el cotejo de huellas con la base del Registro Nacional— confirmó que Núñez había manipulado el cartel con amenazas dejado en la sede de la AIC.

Homicidio al azar

Durante las jornadas se ventiló además que una rastro dactilar de Núñez fue extraído de la ventanilla del Fiat Uno blanco utilizado por los autores del crimen de Laureano Cardozo, cuyos familiares se movilizan exigiendo justicia desde hace tres años.

El automóvil fue abandonado a las pocas horas de la balacera y recuperado por la fuerza policial.

Cardozo fue atacado a balazos a escasa distancia de su vivienda situada en Flammarion y Lamadrid, la noche del 18 de agosto de 2023, mientras caminaba con su perra. Su entorno familiar remarcó de forma constante que el joven no tenía vínculos con estructuras delictivas ni conflictos previos.

Instigación desde las cárceles

Sin explicaciones oficiales ni derivaciones en expedientes administrativos o judiciales, desde los penales tanto provinciales como federales se constató un nivel de tolerancia o complicidad que permitió a internos peligrosos planificar y ordenar hechos delictivos en las calles del Gran Rosario.

Las directivas emitidas desde los pabellones desestabilizaron la seguridad y elevaron los indicadores de homicidios, registrados con mayor intensidad entre 2021 y 2023, etapa coincidente con la fractura interna de Los Monos y el surgimiento de otros actores en el mapa criminal, como Matías Gazzani y Lisandro “Limón” Contreras, referenciados en el grupo denominado Los Menores.

Si bien la dinámica de violencia se mantiene bajo seguimiento, las estadísticas actuales muestran una disminución de los episodios letales. En este proceso en particular, la investigación determinó que Núñez y Chapire actuaron como ejecutores a cambio de dinero, siguiendo mandatos de reclusos no identificados.

Causas pendientes

Sobre Núñez pesa además otra grave acusación pendiente de debate oral. Se trata de las actuaciones por el frustrado rescate del interno Gabriel Encina en el Hospital Provincial, operativo violento en el que fue asesinado el oficial Leoncio Bermúdez el 14 de noviembre de 2023.

Núñez, arrestado el 30 de agosto de ese año, fue imputado como coautor de esa incursión armada desde su lugar de detención a cambio de un pago económico, sin que el expediente avanzara hacia los eslabones superiores de la orden.

La muerte de Laureano Cardozo representa una pérdida irreparable dentro de la nómina de delitos imputados a Núñez, quien contó con cómplices la noche del ataque.

En tanto, el otro damnificado de la saga juzgada logró sobrevivir: David Obregón, de oficio portero, quien aguardaba el transporte público en Grandoli y Güiraldes. El agresor efectuó los disparos sin reparar en su presencia —quedó en la línea de fuego hacia la dependencia oficial— provocándole heridas de gravedad en la zona abdominal.

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