El hecho, que permanecía bajo un manto de impunidad, ocurrió el 27 de mayo de 2024 en la calle Larrechea al 1900, en la zona norte de Rosario. Aquella jornada, los uniformados irrumpieron en el lugar en el marco de un operativo de flagrancia por narcomenudeo, donde detuvieron a un grupo de personas con estupefacientes. En medio del despliegue, Raúl Andrés A., de 42 años, sufrió quemaduras críticas en todo su cuerpo.

La primera versión que los policías plasmaron en los papeles oficiales fue burda: aseguraron que el sospechoso había intentado quemar una mochila para destruir evidencia y que, de manera accidental, las llamas lo habían alcanzado. Sin embargo, tras una minuciosa investigación penal y la intervención de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, la verdad salió a la luz. La propia víctima, quien logró sobrevivir tras pasar meses en terapia intensiva, relató el horror en primera persona: los efectivos le vertieron una botella de alcohol etílico sobre el cuerpo y, con total crueldad, le acercaron fuego.

Las secuelas para Raúl Andrés A. son devastadoras y definitivas: quedó traqueotomizado, con el cuerpo cubierto de cicatrices y con la pérdida total de la voz.

El próximo martes, el fiscal Pablo Socca sentará en el banquillo de los acusados a los nueve implicados bajo una catarata de cargos que anticipa penas altísimas. La imputación principal será por tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser miembros de una fuerza de seguridad. A esto se le sumarán los delitos de falsedad ideológica (por inventar el acta), amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los policías que terminaron tras las rejas y enfrentan la destitución inmediata fueron identificados oficialmente como David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano O., Jesús B., Maximiliano C., Isaias B., Estela B. y Maria Eugenia N., desnudando una trama de complicidad corporativa que la Justicia santafesina busca desmantelar de raíz.

El hecho, que permanecía bajo un manto de impunidad, ocurrió el 27 de mayo de 2024 en la calle Larrechea al 1900, en la zona norte de Rosario. Aquella jornada, los uniformados irrumpieron en el lugar en el marco de un operativo de flagrancia por narcomenudeo, donde detuvieron a un grupo de personas con estupefacientes. En medio del despliegue, Raúl Andrés A., de 42 años, sufrió quemaduras críticas en todo su cuerpo.

La primera versión que los policías plasmaron en los papeles oficiales fue burda: aseguraron que el sospechoso había intentado quemar una mochila para destruir evidencia y que, de manera accidental, las llamas lo habían alcanzado. Sin embargo, tras una minuciosa investigación penal y la intervención de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, la verdad salió a la luz. La propia víctima, quien logró sobrevivir tras pasar meses en terapia intensiva, relató el horror en primera persona: los efectivos le vertieron una botella de alcohol etílico sobre el cuerpo y, con total crueldad, le acercaron fuego.

Las secuelas para Raúl Andrés A. son devastadoras y definitivas: quedó traqueotomizado, con el cuerpo cubierto de cicatrices y con la pérdida total de la voz.

El próximo martes, el fiscal Pablo Socca sentará en el banquillo de los acusados a los nueve implicados bajo una catarata de cargos que anticipa penas altísimas. La imputación principal será por tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser miembros de una fuerza de seguridad. A esto se le sumarán los delitos de falsedad ideológica (por inventar el acta), amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los policías que terminaron tras las rejas y enfrentan la destitución inmediata fueron identificados oficialmente como David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano O., Jesús B., Maximiliano C., Isaias B., Estela B. y Maria Eugenia N., desnudando una trama de complicidad corporativa que la Justicia santafesina busca desmantelar de raíz.

El operativo que le puso las esposas a Reyes fue el resultado de semanas de inteligencia silenciosa, seguimientos y cruce de datos. El prófugo había elegido como búnker de soga la localidad de La Puerta, a unos 125 kilómetros de la capital cordobesa, creyendo que la distancia lo mantendría a salvo del radar santafesino. Sin embargo, el cerco sobre los fugitivos de máxima peligrosidad se activó con precisión quirúrgica.

El crimen que originó la cacería ocurrió el 9 de julio de 2025 en la ciudad de Frontera, un territorio de menos de 10 mil habitantes donde la violencia ligada al narcomenudeo se escribe con sangre con demasiada frecuencia. Aquella jornada, Brian «Peladito» Martínez —un exconvicto conocido en el ambiente policial— manejaba un Ford Fiesta por las inmediaciones de la calle 7. Sentado entre sus piernas iba su pequeño hijo, Zamir.

La emboscada fue letal. El vehículo fue interceptado y una ráfaga de al menos ocho balazos atravesó el parabrisas. Los atacantes no midieron consecuencias ni tuvieron piedad: «Peladito» Martínez sobrevivió milagrosamente a los impactos en su cuerpo, pero su pequeño hijo Zamir sufrió heridas gravísimas que le quitaron la vida, ante los ojos desesperados de su madre, quien intentó rescatarlo del auto en medio del horror. Horas más tarde, el Fiat Cronos usado por los sicarios —que tenía denuncia de robo en la localidad de Vila— apareció incendiado, en un intento por borrar las huellas.

Para los investigadores, el trasfondo detrás del ataque no es más que otra violenta disputa territorial entre bandas rústicas por el control de la droga en la región fronteriza.

Tras confirmarse la captura de Reyes, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, destacó el funcionamiento del programa de recompensas como una pieza clave para quebrar los pactos de silencio: “Son delincuentes y muchas veces quienes conocen su paradero terminan aportando información. Lo importante es que la Justicia pueda actuar y que estas personas respondan por los delitos que cometieron”, remarcó. Ahora, el detenido deberá sentarse frente al tribunal para responder por una balacera que destruyó una familia y dejó una huella imborrable de crueldad en la provincia.

Los allanamientos, ordenados por los fiscales de la unidad de Extorsiones y Balaceras, Franco Carbone y Federico Rébola, fueron ejecutados con máxima reserva por el personal de la Policía de Investigaciones (PDI).