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Argentina

La familia Vicentin se enteró del proyecto de expropiación por la tele y ahora recurre a la Justicia

Cuando le avisaron sobre las intenciones del Gobierno, su CEO, Sergio Nardelli creyó que era “humo”. Después lo vio por televisión y decidió con sus abogados recurrir a la Justicia. La pérdida de reputación de la firma tras el default y la advertencia de su auditora KPMG.

eltribuno

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El último 21 de septiembre, el día de la primavera, y siempre a puertas cerradas como acostumbran los 109 accionistas todos de la familia Vicentin, se festejaron los 90 años de la empresa. En Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe, los habitantes de esa pequeña localidad lo sabían de antemano por haber estado involucrados en un catering exquisito, en el traslado de los vinos y espumantes desde la bodega de Mendoza y haber observado la llegada de varios miembros desde la sede Ricardone, a 26 kilómetros de Rosario.

La familia es tan reservada que ni siquiera ingresaban los mozos al gran salón: del servicio se encargaban los descendientes más jóvenes, en lo que es todo un indicio de la cultura de la compañía, en la que el hermetismo es regla.

¿Lo habrá sabido el Gobierno que sorprendió hasta al propio ministro de Agricultura, Luis Basterra, con el anuncio de la intervención y el proyecto de expropiación?

Y desde ya sorprendió y alertó a los Vicentin, según aseguran muy cerca de Sergio Nardelli, hijo de una de las herederas y de su mano derecha y primo hermano, Maxi Padoan. Se enteraron primero a las 14 por el llamado de un influyente consultor.

Según reconstruye la fuente consultada por Clarín, el diálogo fue el siguiente:

–El Gobierno se les va a quedar con la empresa…

–Eso es humo –habría sido la respuesta de Nardelli.

A las 16:30 Nardelli constató por la tele que no era humo. A las 18 ya estaba en comunicación con sus abogados del estudio Alegría que lleva adelante el concurso.

Esta mañana, junto a abogados penalistas, analizaron los pasos a seguir para impugnar tanto la intervención y para hacer frente a la futura y muy probable expropiación.

No fueron los únicos sorprendidos. Vicentin estaba en avanzadas tratativas con YPF Agro para seguir funcionando. Y, según trasciende, estaban a punto del due diligence, uno de los pasos previos para la venta, con un grupo liderado por José Luis Manzano.

Otros aspirantes a quedarse con la empresa eran el ex CEO global de Dreyfus, Ciro Echesortu, cabeza del fondo Ceibos Group. Y el fondo de inversión Carval que fue un brazo de Cargill y que ahora es independiente.

Entre tanto, su planta de San Lorenzo en Santa Fe, funciona al 50% trabajando para terceros con un contrato de procesamiento en aceite y harina de soja y girasol de 200.000 toneladas para la firma Oleo y otro de 100.000 para la cooperativa ACA. Y la planta de Renova en la que es socia en el 33,3% de la suiza Glencore sigue a pleno.

Qué pasará con las otras empresas del grupo

La compañía tiene 36 empresas distintas bajo el paraguas de Vicentin Family Group, aparte de las que están declaradas en el concurso al que solo ingresaron las compañías Vicentin dedicadas al procesamiento de granos con 1.250 empleados de los casi 5.000 que suma con el resto de las actividades.

Esta mañana hubo nervios en Renova, la fábrica de aceite más moderna y eficiente del mundo, en el frigorífico Friar, en Algodón Avellaneda, en Arsa, que maneja los yogures y postres que le compró a Sancor, además de la oleaginosa San Lorenzo. También se preguntaban qué va a suceder con el Puerto Público de Rosario, un puerto de contenedores y con Los Corrales de Nicanor, dedicada al engorde de miles de cabezas de ganado.

Otro de los negocios de la familia Vicentin es una bodega en Mendoza que elabora exquisitos vinos y espumantes. Y hasta tiene en Renopack una planta de envases para los aceites que elaboran a Victor Fera, de la marca Marolio. Llegará la intervención también a las sociedades en Paraguay, Brasil y España.

Por cierto, desde la cesación de pagos de febrero de este año, en el que fue el mayor default privado desde la crisis de 2001, dejó a múltiples productores en la pampa húmeda al borde de una difícil situación. Y la compañía Vicentin ha perdido gran parte de su reputación, algo que el gobierno busca sacar provecho con esta iniciativa.

El concurso, con una deuda declarada de US$ 1.300 millones, generó una relación muy tirante con sus socios de Glencore, entre las cinco firmas más grandes del mundo en el trade. Ocasionó problemas a quien compraba para Vicentin, como Tomás Hinrichsen, un reconocido broker agroindustrial. Y hubo fisuras entre Nardelli y su tío político y ex presidente de la Bolsa de Rosario, Alberto Padoan, dedicado desde siempre a hacer lobby por la empresa.

Eso sí la firma pesa en la vida pública de Santa Fe como Vicentín. Para algunos expertos, la firma que arrancaron los hermanos Máximo, Pedro y Roberto, llegados dese Italia en 1920, tuvo un crecimiento demasiado veloz en los últimos años. Era auditada hasta 2018 por la consultora KPMG que habría advertido, entre otros aspectos objetables, que la expansión estuvo apalancada con deuda bancaria de corto plazo.

Entre tanto tuvo un logro judicial ya que pese a los pedidos de que el concurso se tramitara en los tribunales de Rosario, los Vicentin lograron que quedara en manos del juez Fabián Lorenzini en Reconquista, a 620 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Argentina

Milei difundió un mapa falso sobre universidades y la Austral tuvo que salir a desmentirlo

El presidente Javier Milei volvió a encender la polémica en su cuenta de X al compartir un gráfico que supuestamente destacaba el prestigio de los centros de estudio argentinos. Sin embargo, la propia Universidad Austral aclaró que los datos eran completamente falsos, mientras que Rosario quedó insólitamente borrada del mapa y Santa Fe figuró en un lugar equivocado.

Ailén Lazarte

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El gráfico de la discordia y el cruce en redes La batalla del Gobierno nacional contra las universidades públicas sumó un capítulo insólito en las redes sociales. El presidente Javier Milei compartió en su cuenta oficial un mapa de la Argentina que pretendía mostrar un ranking de excelencia académica, posicionando supuestamente a las instituciones privadas por encima de las estatales. El gráfico se viralizó rápidamente entre los militantes libertarios como un argumento para justificar el desfinanciamiento universitario, pero la jugada no tardó en volverse un bumerán cuando la propia institución citada en el mapa salió a despegarse de la publicación.

La Universidad Austral, señalada en el posteo presidencial como una de las supuestas fuentes o beneficiarias del ranking, emitió un comunicado tajante para aclarar la situación. Desde la alta casa de estudios privada explicaron que los datos volcados en esa imagen eran completamente falsos, que no correspondían a ninguna medición oficial realizada por ellos ni por consultoras internacionales serias, y lamentaron la utilización de información errónea para alimentar una discusión política tan sensible.

Rosario borrada y Santa Fe en el lugar equivocado Más allá de la falsedad de los datos macro, el mapa generó una fuerte indignación y burlas en la región debido a sus groseros errores geográficos. En el diseño que replicó el mandatario, la ciudad de Rosario —el segundo polo universitario y productivo más importante del país— directamente ni siquiera aparecía mencionada, borrando del mapa a toda su estructura académica.

Para colmo de males, el punto que intentaba ubicar a la ciudad de Santa Fe estaba colocado de manera errónea, situándolo geográficamente en una zona que correspondía a otra provincia. El blooper digital no pasó desapercibido para los usuarios locales de las redes y los sectores académicos de la provincia, quienes salieron a cruzar con dureza el posteo presidencial, señalando que el Gobierno maneja datos falsos y un profundo desconocimiento del interior del país a la hora de dar el debate sobre el futuro de la educación superior.

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Argentina

Paro docente en varias provincias complica el inicio de clases en Argentina

Gremios docentes confirmaron medidas de fuerza en distintas provincias del país en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. La protesta genera incertidumbre sobre el inicio de clases y pone en tensión las negociaciones entre sindicatos, gobiernos provinciales y la Nación.

Ailén Lazarte

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El comienzo del ciclo lectivo en distintas provincias de Argentina se encuentra atravesado por un nuevo conflicto salarial entre los sindicatos docentes y las autoridades educativas. Diversos gremios del sector anunciaron un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y de una mayor inversión en educación, lo que amenaza con retrasar el inicio de clases en varias jurisdicciones.

Las organizaciones sindicales sostienen que los salarios docentes han perdido poder adquisitivo frente a la inflación registrada en el último año y reclaman una recomposición urgente que permita recuperar el ingreso de los trabajadores de la educación. Además, exigen que se convoque nuevamente a la paritaria nacional docente para discutir un salario mínimo a nivel país.

Entre los gremios que impulsan las medidas de fuerza se encuentran entidades nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), uno de los sindicatos más representativos del sector. Desde la organización señalaron que la situación económica afecta directamente a los docentes y advirtieron que la falta de respuestas concretas podría derivar en nuevas protestas.

Por su parte, desde el gobierno nacional encabezado por Javier Milei sostienen que las negociaciones salariales corresponden a cada provincia, ya que la educación es una competencia descentralizada. En ese marco, las autoridades remarcaron que las jurisdicciones deben avanzar en acuerdos propios con los gremios locales.

Sin embargo, la falta de consenso entre sindicatos y gobiernos provinciales generó un escenario de tensión que repercute directamente en el calendario escolar. En varias provincias, los docentes anunciaron que no comenzarán las clases hasta que se presenten propuestas salariales que consideren satisfactorias.

El conflicto genera preocupación entre las familias y la comunidad educativa, ya que el inicio del ciclo lectivo es un momento clave para millones de estudiantes en todo el país. Las autoridades educativas esperan que las negociaciones continúen en los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el comienzo de las clases.

Mientras tanto, el paro docente vuelve a poner en el centro del debate la situación salarial del sector educativo y el financiamiento del sistema público de enseñanza, una discusión que se repite en el país cada vez que se acerca el inicio del año escolar.

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Argentina

El Gobierno profundiza el ajuste fiscal y anuncia nuevos recortes para sostener el superávit

La administración de Javier Milei confirmó que avanzará con un nuevo paquete de medidas orientadas a consolidar el equilibrio de las cuentas públicas. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es “blindar” el superávit fiscal, mientras crecen las tensiones con gobernadores y gremios.

Ailén Lazarte

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El Gobierno nacional anunció que profundizará el ajuste del gasto público en las próximas semanas con el fin de mantener el superávit fiscal alcanzado en los primeros meses de gestión. La decisión forma parte del programa económico que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene como eje central el déficit cero.

Fuentes oficiales indicaron que las nuevas medidas incluirán recortes en partidas administrativas, revisión de contratos estatales y una reducción adicional en transferencias discrecionales a provincias. También se avanzaría en una reestructuración de organismos públicos considerados “ineficientes”, según la visión del Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Economía aseguran que el ordenamiento de las cuentas es condición necesaria para sostener la desaceleración inflacionaria y estabilizar el mercado cambiario. En ese sentido, remarcan que el equilibrio fiscal es la principal señal hacia los mercados y organismos internacionales.

Sin embargo, la profundización del ajuste generó preocupación en distintos sectores. Gobernadores de varias provincias advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes en obras públicas y programas sociales, mientras que gremios estatales anticiparon posibles medidas de fuerza si se producen nuevos despidos o reducciones salariales.

Analistas económicos señalan que el desafío del Gobierno será sostener el equilibrio sin afectar aún más el nivel de actividad y el consumo, en un contexto de caída del poder adquisitivo y retracción económica.

La Casa Rosada, por su parte, ratificó que no habrá marcha atrás: “El superávit no se negocia”, sostienen en el entorno presidencial, en línea con la hoja de ruta que el Presidente viene defendiendo desde el inicio de su mandato.

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