La sorpresa es un factor clave para la política, pero no es sinónimo de apuro, que no es nunca buen consejero. El 8 de junio, el Presidente sorprendió con sus anuncios sobre el caso Vicentin, en una conferencia de prensa en la cual se evidenció el apuro político. Allí se vio a un primer magistrado que ante esa urgencia, dentro de un margen muy estrecho de acción, trató de privilegiar su conducción política. Este error de cálculo produjo que la misma ciudadanía, que le pidió al Presidente como medida de precaución ante posibles contagios del COVID-19, se quedase en Buenos Aires y no se hiciera presente en la conmemoración de los 200 años de la muerte del general Belgrano; saliera masiva e imprudentemente (si de salud hablamos) a la calle.

El Presidente debe retomar su camino de moderación. Esta actitud permitió que el peronismo que no comulgaba con el kirchnerismo depositase su confianza en él. Así ganó las elecciones. Así se esperaba que gobernara. Este traspié posibilitó, por un lado, que la oposición encontrara el salvoconducto, que le permitiera licuar sus enormes diferencias internas y mostrarse unida. Pero no fue sólo la oposición. Este error de cálculo político agudizó diferentes crisis. El hartazgo ante la cuarentena, el miedo e incertidumbre no sólo en lo sanitario, sino también en lo económico. Y además resucitó la grieta del centralismo contra el federalismo. Reflotó un quiebre cultural subyacente.

Cualquier interlocutor que el Presidente hubiera consultado de la provincia de Santa Fe le habría aconsejado desestimar la figura de la expropiación. Mayoritariamente el sábado, el banderazo no pretendió defender a empresarios que mostraron incapacidad para conducir la empresa, sino a una forma de hacer política que no entiende al interior del país.

El jueves el juez a cargo del concurso preventivo de Vicentin, Lorenzini, desestimó la intervención del Gobierno y repuso al directorio de la empresa desplazado, pasando los interventores a ser veedores. La provincia de Santa Fe generó dos acciones. Por un lado, recurrió esta resolución y elevó a través de la Inspección General de Personas Jurídicas la propuesta de sumar a los interventores nacionales un interventor por Santa Fe. De aceptar el juez la propuesta, acompañarían todo el proceso concursal, no los 60 días que marcaba el DNU presidencial, que sigue vigente dado que el juez Lorenzini no lo declaró inconstitucional hasta que el propio magistrado decida si hace lugar a la propuesta del gobernador Perotti.

Si el plan Perotti no es aceptado y no aparecen otras alternativas, en el Congreso de la Nación la opción expropiatoria no cuenta en Diputados con el apoyo mayoritario. Si bien el presidente del cuerpo, Sergio Massa, le ha asegurado a su Presidente que cuenta con los 130 votos, el punteo de los mismos lo contradice. El diputado lavagnista Alejandro Rodríguez me dijo: “Vamos a jugar fuerte, no vamos a dar quórum, dado que lo importante es garantizar que no avance la expropiación por el bien, incluso, del propio gobierno. A partir de allí, hay tiempo y conocimiento acumulado para un proyecto superador”.

Desde el sector privado manifiestan que su propuesta no fue aceptada y que la encabezada por el gobernador santafesino es menos mala que la expropiación, pero no la solución.

Con respecto a la participación de YPF Agro, es una línea de negocios de YPF, no es una SA. Vende gasoil y lo cobra en granos, fertilizantes. YPF no puede ser administradora fiduciaria, dado que no está previsto en su estatuto. Fuentes allegadas a la empresa sostienen que si el interventor designado por el Presidente, Gabriel Delgado lo solicita, tendrá el respaldo; pero sostienen: “No somos decisorios en el caso Vicentin”. Recordar que en estos últimos 90 días la empresa YPF, que no recibe subsidios del Estado, vio reducida su facturación al 25% en naftas y a un 50% en gasoil. Un dato extraño pero real: YPF es el mayor vendedor de café en Argentina y segundo en hamburguesas.

Consultado el gobernador de Santa Fe sobre en qué instancias está hoy el caso Vicentin, me dijo: “Hay que tener paciencia a los tiempos del juez del concurso”.

Todo indica que hay que volver al cauce. Todos deben volverse razonables. En el caso Vicentin, el marco sin lugar a dudas es la Ley de Concurso.

Otro tema no menor más allá de la pandemia es el acuerdo con los bonistas. Un gran conocedor de estas negociaciones me dijo: “Es clave que Argentina arregle cuanto antes. Hoy la diferencia no es económica. Está en el planteo jurídico con ribetes muy academicistas que argumenta Argentina”.