El país que decidió no aplicar vacunas contra el COVID-19 y el riesgo que significa para el resto del mundo
El gobierno de Tanzania niega que el coronavirus tenga una presencia en su territorio y ahora ha decidido mantenerse al margen de la campaña de inmunización impulsada por la OMS
Tanzania ha tenido un enfoque muy particular para controlar el SARS-CoV-2. El año pasado, solo unos meses después del inicio de la pandemia, el presidente John Magufuli declaró a Tanzania libre de covid-19 tras tres días de oraciones nacionales.
Desde entonces, se ha negado a imponer un confinamiento, ha reabierto las escuelas, ha permitido la celebración de grandes eventos deportivos, ha continuado con las reuniones religiosas, ha dejado de hacer pruebas y ha suspendido las campañas de comunicación públicas sobre el virus. El país también ha dejado de notificar casos y muertes.
El argumento era que la gente debía dejar de vivir con miedo y confiar en Dios y en los remedios tradicionales africanos para prevenir contagios. Tanzania podría ser el único país del mundo que haya adoptado este enfoque, que va en contra de todo lo que han recomendado los científicos, otros organismos sanitarios nacionales y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por lo tanto, no es de extrañar que las autoridades hayan dicho que no tienen planes para vacunar a la población, o, al menos, no por ahora.
¿Podrá la gente seguir accediendo a las vacunas?
No. Y sí.
No, porque no se puede utilizar una vacuna en el país sin que esté registrada y autorizado su uso. El proceso normal es que los expertos, junto con los organismos reguladores, revisen los datos sobre la vacuna y aprueben su uso si están convencidos de su eficacia y seguridad.
Para la vacuna de la covid-19, esto se está haciendo mediante el procedimiento de la lista de uso en emergencias de la OMS. La revisión la realiza un equipo internacional de expertos con la participación de otros especialistas de las autoridades nacionales.
Pero si el Gobierno tanzano se niega a registrar la vacuna para su uso, nadie podrá acceder a ella.
No obstante, el país podría registrar la vacuna, pero negarse a importarla. Esto permitiría al sector privado importar algunas, aunque no serían suficientes. Los programas de vacunación contra la covid-19 en cualquier país suponen una gestión masiva y, si el sector privado coge las riendas, muchos no podrán permitirse las vacunas o tener acceso a ellas.
Quienes sí se podrían vacunar serían las personas pertenecientes a la élite de Tanzania (o aquellos que dispongan de medios), que podrían salir del país y vacunarse en otro lugar.
Otros tanzanos que podrían tener acceso a las vacunas son aquellas comunidades fronterizas que, en el pasado, han cruzado a los países vecinos y se han beneficiado de los programas de vacunación. Esto podría suceder si la vacunación generalizada comienza a producirse en Kenia, Uganda, Ruanda y Malaui.
Pero eso será dentro de un par de años.
Todavía existe la posibilidad de que Tanzania registre e importe las vacunas en el futuro. Magufuli ha enviado mensajes contradictorios. Por una parte, el Gobierno ha dicho que no tiene previsto encargar vacunas a través de COVAX (una iniciativa global destinada a lograr un acceso equitativo a las vacunas contra la covid-19) ni de ningún otro mecanismo. De hecho, la lista de distribución de COVAX publicada recientemente no incluye ninguna dosis para Tanzania.
Por otra parte, ha afirmado que los tanzanos solo deberían confiar en las vacunas que hayan sido revisadas por expertos del país y que estos hayan considerado seguras.
¿Tiene Tanzania antecedentes de oposición a las vacunas?
No, que yo sepa.
Tanzania, al igual que otros países, ha puesto en marcha programas de vacunación rutinarios. Están dirigidos especialmente a los niños menores de cinco años y actúan contra enfermedades como la tuberculosis, la poliomielitis, la tos ferina, el sarampión, la rubeola y la difteria. En los últimos años, estos programas se han ampliado para incluir vacunas contra la neumonía bacteriana, la diarrea y la hepatitis B.
En Tanzania, la cobertura de vacunación, es decir, el porcentaje de personas que reciben la vacuna es muy alto: alrededor del 80 % o 90 %. Esto significa que no hay antecedentes de oposición a las vacunas.
Diferencias entre Tanzania y países vecinos como Kenia y Uganda
Kenia, Uganda, Ruanda y Malaui han intentado conseguir desesperadamente la vacuna para sus ciudadanos. Todos ellos se han integrado en el servicio de COVAX y han desarrollado planes de distribución de vacunas, han calculado los costes y los han presentado. Ruanda incluso se ha adelantado y ha obtenido vacunas fuera del servicio de COVAX.
Estos cuatro países también han empezado a informar a la población sobre estos planes. Por ejemplo, han confirmado que la primera fase de distribución se destinará prioritariamente al personal sanitario y a las personas de alto riesgo.
En estos momentos, el mayor problema al que se enfrentan los países africanos es a la escasez de vacunas en el mercado global para vacunar a una parte importante de la población. Muchos países ricos habrán vacunado a todos los que lo necesiten a finales de este año. Pero los países africanos no contarán con total disponibilidad de la vacuna hasta finales del próximo año o, incluso, hasta 2023.
Si los países que han buscado las vacunas con tanto ímpetu están tan atrasados, imagínense un país como Tanzania que, ahora mismo, ni siquiera ha comenzado.
¿Cuál es el riesgo para el país y la región?
El riesgo para el país ya se ha hecho evidente. El método que ha seguido Tanzania ha permitido que el virus se propague sin control entre la población. La gente se está muriendo de lo que se está categorizando como “neumonía” y “dificultades respiratorias”.
La gente que vive en Tanzania no está suficientemente preparada ni protegida, pues no hay protocolos sobre lo que se debe hacer para evitar la propagación del virus si alguien cae enfermo. La mayoría de la información trata sobre hacer vaporizaciones para prevenir la covid-19, pero eso no impide que el virus se transmita de persona a persona.
El segundo gran problema es el impacto en el personal sanitario. Incluso en países en los que se han implementado medidas estrictas, el personal sanitario ha enfermado y muchos han muerto. La desinformación en Tanzania podría provocar que los trabajadores sanitarios no tomen suficientes precauciones en los ambulatorios, en las salas de urgencias e incluso en las consultas donde se atiende a los pacientes. Si el personal sanitario enferma, otros servicios sanitarios también se verán afectados.
Un gran peligro para la región y para el mundo.
En primer lugar, mientras haya casos de covid-19 en Tanzania, resultará imposible que los países vecinos (con los que comparte fronteras permeables) estén libres de la enfermedad.
En segundo lugar, y quizás más importante, existe el riesgo de que se desarrollen nuevas variantes en el país mientras nadie está llevando a cabo un seguimiento. Las nuevas variantes surgen debido a la propagación incontrolada.
Si más delante surge una nueva variante en Tanzania, el peligro reside en que se podría propagar por toda la región e invalidar las vacunaciones que se hayan administrado si no son efectivas contra esa variante.
La pandemia no terminará para nadie en ningún lugar hasta que no esté controlada en todos los países. La postura de Tanzania hará que sea mucho más difícil volver a la normalidad.
Pakistán anuncia un texto de acuerdo final para la paz entre EE.UU. e Irán
El tablero geopolítico mundial acaba de registrar un sismo de proporciones históricas. En un anuncio que sacudió a las principales cancillerías de Occidente y Medio Oriente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó que se alcanzó un “texto final y consensuado” para el acuerdo de paz definitivo entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán, buscando poner fin a un conflicto bélico que mantenía al mundo en vilo.
«La paz nunca ha estado tan cerca como ahora», enfatizó Sharif a través de sus canales oficiales, saliendo al cruce de lo que calificó como una «campaña incesante de desinformación» por parte de actores que intentan sabotear las negociaciones en su etapa decisiva. Islamabad, que operó como el mediador central del proceso junto a delegaciones de Qatar, se encuentra coordinando estrechamente con Washington y Teherán los pasos técnicos indispensables para la inminente firma del documento.
Los detalles del preacuerdo, denominado el «Memorándum de Entendimiento de Islamabad», apuntan fundamentalmente a un cese definitivo de las hostilidades militares en la región. Fuentes diplomáticas aclararon que este texto preliminar no incluye todavía el destino del programa nuclear iraní ni el levantamiento inmediato de las sanciones de Washington; esos complejos asuntos estructurales quedaron relegados para una nueva mesa de negociación que comenzará formalmente en un plazo de 60 días. Si bien el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, validó la inmediatez del entendimiento, pidió cautela a los medios y exigió evitar especulaciones antes de la oficialización formal.
Sin embargo, el camino hacia la paz no está exento de nubarrones de desconfianza. Desde su cuenta de TruthSocial, el presidente estadounidense Donald Trump sembró dudas sobre la buena fe de la contraparte, calificando de «débiles y patéticas» las primeras declaraciones públicas que trascendieron desde Teherán sobre el pacto. El recelo mutuo es explícito; el borrador fija que los beneficios económicos para la economía persa se activarán únicamente a medida que los inspectores verifiquen, sobre el terreno, el cumplimiento de las obligaciones militares.
El memorándum prevé un plazo técnico de 60 días una vez rubricado para dirimir los anexos operativos más espinosos de una arquitectura de paz que aspira a pacificar de forma integral los frentes abiertos en el Líbano, Israel y la región del Golfo.
Alivio financiero: La Corte de Nueva York rechazó revisar el fallo a favor de Argentina por el caso YPF
El tribunal del distrito estadounidense desestimó el recurso presentado por fondos buitre que buscaban reactivar un millonario reclamo contra el Estado nacional por la estatización de la petrolera en 2012. La decisión judicial representa un respiro clave para la estrategia legal del país en el exterior.
La estrategia legal de la República Argentina sumó un triunfo crucial en los tribunales de los Estados Unidos. La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó de manera tajante el pedido de revisión presentado por un grupo de fondos litigantes, quienes pretendían reabrir una causa paralela vinculada a la expropiación de las acciones de YPF ocurrida en el año 2012. Con esta resolución, la justicia norteamericana ratificó la validez del fallo de primera instancia que ya había eximido al país de pagar indemnizaciones adicionales bajo los argumentos presentados por la querella.
Los demandantes —que habían adquirido los derechos de quiebra de empresas asociadas a la petrolera antes de su nacionalización— argumentaban que el Estado argentino había violado normas contractuales específicas del mercado neoyorquino al momento de tomar el control de la compañía. Sin embargo, el tribunal superior convalidó la postura de los abogados defensores de la Argentina, determinando que los reclamos carecían de sustento jurídico aplicable en esa jurisdicción, cerrando así una de las tantas derivaciones legales que amenazaban los fondos públicos.
El impacto económico y la batalla principal que continúa
Si bien esta decisión representa un enorme alivio financiero al desactivar un reclamo de miles de millones de dólares, los analistas de Wall Street advierten que la batalla de fondo todavía no terminó. Este fallo favorable corresponde a una causa satélite y no altera el juicio principal que lleva adelante la jueza Loretta Preska, donde la Argentina enfrenta una sentencia adversa de 16.000 millones de dólares a favor del fondo Burford Capital por la forma en que se implementó el esquema de expropiación sin lanzar una oferta pública de adquisición (OPA).
A pesar de que el frente principal sigue bajo negociación y en proceso de apelación, los voceros del sector económico del Gobierno nacional celebraron la resolución de Nueva York como un precedente positivo. El mercado reaccionó con estabilidad ante la noticia, ya que quita del horizonte inmediato una contingencia judicial que hubiese presionado aún más sobre las reservas del Banco Central y sobre la cotización internacional de los activos de YPF.
Elecciones en Colombia: El debate por la seguridad se impone nuevamente en el centro de la agenda política
El escenario político de cara a los comicios presidenciales en el país sudamericano muestra un marcado viraje en las prioridades del electorado. Los reclamos por mayor orden y el combate al crimen organizado desplazaron de la centralidad a los debates vinculados a las reformas sociales, reconfigurando las estrategias de los principales candidatos.
El cambio en las prioridades del electorado colombiano
El panorama político de Colombia entra en una etapa de definiciones clave con vistas a las elecciones presidenciales, bajo un clima de opinión pública que experimentó una transformación significativa en comparación con los procesos electorales previos. Los análisis sobre el comportamiento de los votantes y el desarrollo de las campañas reflejan que la problemática de la seguridad pública volvió a consolidarse como el eje estructurante del debate nacional, relegando a un segundo plano las demandas históricas de reformas sociales y redistribución económica que habían caracterizado los últimos años.
Este fenómeno responde a un incremento en los índices de conflictividad en diversas regiones del país, asociado tanto a la persistencia de grupos armados organizados como al aumento de la criminalidad urbana. En este contexto, la demanda ciudadana de medidas de fuerza, presencia policial y control territorial estatal se transformó en el factor decisivo que dinamiza la intención de voto, obligando a los equipos de campaña de todo el arco ideológico a reformular sus discursos y propuestas para dar respuestas directas a esta preocupación prioritaria.
El impacto en las plataformas y el debate de candidatos
El resurgimiento de la seguridad como bandera electoral principal reconfiguró las fuerzas en pugna. Las plataformas de centroderecha y sectores de oposición encontraron en este escenario un terreno fértil para capitalizar el descontento, promoviendo discursos basados en el restablecimiento de la autoridad y el endurecimiento de las penas. Por su parte, las coaliciones oficialistas y de izquierda se vieron forzadas a equilibrar su agenda de transformación social con planes concretos de seguridad urbana y combate al narcotráfico, intentando evitar que sus rivales monopolizaran el electorado preocupado por la violencia.
Los especialistas en política latinoamericana advierten que la preeminencia de esta agenda condicionará de forma severa la gobernabilidad del próximo mandatario, quien deberá gestionar un presupuesto nacional tensionado entre el financiamiento de las fuerzas de seguridad y el sostenimiento de los programas de asistencia social. El desarrollo de las próximas semanas y los debates cara a cara serán fundamentales para evaluar qué candidato logra consolidar un mensaje de certidumbre que logre amalgamar la necesidad de pacificación con las reformas estructurales que el país aún tiene pendientes.