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Política

Las encuestas presagian un cisne negro

La sociedad a la que se consultará por sus preferencias políticas está envuelta en una atmósfera rarísima, ante la cual los candidatos enfrentan un excepcional desafío: deben hacer propuestas y hablar sobre un futuro acerca del cual no tienen la más mínima idea

eltribuno

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Las encuestas presagian un cisne negro

Quien examine el contexto en el que se desarrolla la actual disputa de poder, si no se deja sugestionar por los augurios dominantes sobre su resultado, tendrá la impresión de que es imposible que el oficialismo gane. Sin embargo, todos los pronósticos coinciden en que, si se la pudiera pensar como una competencia nacional, la carrera tendría un desenlace favorable para el Frente de Todos. Un triunfo tímido, de más o menos 4 puntos respecto de Juntos por el Cambio. Es una imagen solo indicativa: dada la diversidad de combinaciones partidarias que se presentan a nivel local, la comparación es imposible. Si se pone el foco en la batalla bonaerense, que es la más determinante, también se presume una ventaja de los candidatos del Gobierno. El fenómeno relevante, difícil de explicar, es que ese final convencional no parece congruente con la situación general del electorado. Sorprende que no haya una sorpresa. Dicho de otro modo: dado el panorama que rodea a estos comicios, el resultado que vaticinan las encuestas es un verdadero cisne negro.

La sociedad a la que se consultará por sus preferencias políticas está envuelta en una atmósfera rarísima. Votantes encerrados o semi encerrados a lo largo de casi un año y medio, atemorizados por un virus endiablado. Con un solo tema de conversación: la enfermedad; en todo caso, la muerte. Y las derivaciones de ese tema: si llegaron las vacunas, si se conseguirá la segunda dosis, e inquietudes de ese tipo. Asociada a este drama, una impresionante mutación de la vida cotidiana, que se puede sintetizar, como lo hace Juan Germano, de la consultora Isonomía, en un solo detalle: “Ya no sabemos cómo hacer algo tan común y tradicional como el saludo a un conocido. ¿Chocamos los puños? ¿Los codos? ¿Conviene no tocarlo?”. Son perplejidades que llevan a un asesor de Alberto Fernández a comentar: “No estamos en una campaña. Estamos en una pandemia, en la que un día a la gente se le pedirá que vaya a votar. ¿Tomamos nota de ese aspecto emocional que hoy presenta la política? Creo que no”.

Las atípicas circunstancias de los ciudadanos hacen juego con el excepcional desafío de los candidatos: deben hacer propuestas y hablar sobre un futuro acerca del cual no tienen la más mínima idea. La visibilidad se ha reducido al cortísimo plazo. ¿Quién puede hacer una promesa? Al final de su clásico Tractatus, Wittgenstein aconseja: “Sobre lo que no se puede hablar, es mejor guardar silencio”. El drama de los políticos que piden el voto es que están obligados a decir algo. Por eso el proselitismo tiene hoy algo de patético.

Al miedo de la enfermedad y de la muerte se le agrega el de las mortificaciones de la vida materialHay cerca de 3 millones de personas que antes de la pandemia eran de clase media y ahora son pobres. Pobres con expectativas, formación y categorías políticas de clase media. Son señores o señoras que le tuvieron que anunciar a su hijo que ya no podrán pagarle la universidad. O explicarle a su hija que debe abandonar el colegio bilingüe para pasar al parroquial. Gente que debió llamar a la prepaga para cambiar de plan por uno más precario. Desde hace un año y medio se destruyeron 240.000 puestos de trabajo. Entre los sectores medios hay pánico. Pánico a la caída. Ese temor, que tiñó la última etapa de la gestión de Mauricio Macri, perdura, agravado, en estos días.

Los analistas de opinión pública se encuentran con un pesimismo pocas veces visto. En casi todas las encuestas alrededor del 70% de los consultados cree que este año le está yendo peor que el anterior. Y que el que viene seguirá el descenso. Federico Aurelio, de Aresco, consigna que 57% de sus entrevistados manifiesta vivir en un estado de ansiedad, enojo o miedo. Los niveles de insatisfacción superan los de la última etapa del gobierno de Cambiemos. Al kirchnerismo nunca le tocó gobernar en un clima parecido. La consecuencia inmediata de ese malhumor es cierto tedio. Un gran desinterés por la política. Los encuestadores lo advierten en su trabajo. Uno de ellos cuenta: “Cuando en 2019 hacía estudios con el método de llamadas telefónicas automáticas, me sorprendía que me atendían una vez de cada 100 intentos. Ahora tengo que llamar 250 veces para encontrar a alguien que responda. El problema es que el que no contesta es un tipo de votante distinto del que sí lo hace. Aparece un problema metodológico delicado para establecer qué piensa la gente”.

Columna de opinión de Carlos Pagni

Esa apatía se manifiesta en los índices de participación electoral. Hay poca información para establecer un patrón de comportamiento. Pero si se comparan las elecciones locales de Misiones de 2019 y este año, la asistencia cayó de 79 a 60%. En Río Cuarto, en 2016 intervino el 62% y el año pasado, 50%. En Salta fue del 73 al 64% entre 2017 y este año. El promedio de caída ha sido del 13%.

Estos datos abren un enorme interrogante para las elecciones de septiembre y noviembre. Las principales consultoras prevén que la abstención será mayor que la diferencia entre el primero y el segundo. ¿A quién deja de votar el que no concurre? ¿Es un voto que pierde la oposición o el Gobierno? También es difícil responderlo, porque hay un enojo transversal. Para citar una evidencia: según tres de los principales analistas de opinión el único dirigente nacional, de los de primera fila, que hoy tiene más imagen positiva que negativa es Horacio Rodríguez Larreta. Alberto Fernández y María Eugenia Vidal suben o bajan en esa línea de flotación, según el mes. Un dato inesperado que aparece en un sondeo de Poliarquía, de Alejandro Catterberg: el sector que concita más confianza en las últimas mediciones es el de las Fuerzas Armadas.

Catterberg observa desde hace unos meses un dato interesante por lo novedoso: el corrimiento de las preferencias por franjas etarias. Detectó que una corriente importante de mayores se aleja de Juntos por el Cambio. El motivo principal sería el rechazo a los dirigentes de esa fuerza que criticaron con mucha dureza la cuarentena estricta impuesta por Fernández. El avance de la vacunación, además, genera en ese público una mayor empatía con el Frente de Todos. Al mismo tiempo, el oficialismo ve cómo se alejan los jóvenes de su base electoral. Una explicación se relaciona también con la pandemia: las restricciones han fastidiado a la juventud mucho más que a otros sectores. Existe otro motivo en esa antipatía y es que quienes hoy tienen alrededor de 20 años no tienen una memoria luminosa de las administraciones kirchneristas. La edad de oro de Néstor Kirchner ya está quedando muy atrás para los votantes nuevos.

Más rarezas a desentrañar. ¿Adonde va el voto joven? Los sondeos indican que se radicaliza. Una parte, desencantada con Juntos por el Cambio, prefiere a José Luis Espert o a Javier Milei. En el caso de este último, es más notorio el esfuerzo por ofrecerse como un castigo a toda la dirigencia política. También la izquierda trotskista se beneficiaría con esta marcha hacia los extremos. En algunas encuestas pasaría del 3 o 4% de las últimas elecciones a alrededor de 8%. Es una tendencia que podría acelerarse después de las primarias, en ambos sentidos. Sin embargo, esta fuga hacia las puntas del dial ideológico tendría un límite: la polarización kirchnerismo/antikirchnerismo y macrismo/antimacrismo sigue organizando el espacio electoral. Algunos observadores bendicen esa tensión: “La confrontación convencional empobrece el debate, infantiliza la política, pero también evita la fragmentación. Gracias a la grieta en la Argentina no se verifica la descomposición que se ve en otros países”. Es la opinión de un dirigente que fue clave en la gestión de Macri.

Existe otra referencia para advertir que el triunfo oficialista, que es el consenso de todos los estudios, tiene alguna disonancia con el marco en el que se produciría. De 35 elecciones que se realizaron a escala global durante la pandemia, en 15 perdió el oficialismo, en 5 salió debilitado y en 15 ganó. Si se recorta el fenómeno a los mercados emergentes, de 30 elecciones, en 14 perdió el oficialismo, en 4 salió debilitado y en 11 ganó. Hay, como se ve, una tendencia a la declinación electoral de los gobiernos.

En la Argentina suele recurrirse a un fetichismo para palpitar el desenlace de los comicios. Es el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella. Ese número mantiene desde hace años, por razones desconocidas, una correlación llamativa con el porcentaje de sufragios que obtienen los oficialismos. Si los comicios fueran este mes, el Frente de Todos sacaría, según esta misteriosa guía, 36% de los votos. Es alentador para el Gobierno porque, si las elecciones se hubieran celebrado en julio, el “resultado”, según ese índice, habría sido de 34%.

La postergación del calendario beneficiaría al Frente de Todos. Pero ahora aparece, de nuevo, el misterioso comportamiento del Covid, en forma de variante deltaEl Gobierno reemplaza los reflejos sanitarios por los electorales: ante la noticia de que esta nueva cepa comienza a circular, anuncia la reapertura de espectáculos deportivos y el estímulo al turismo.

Las irregularidades de la vacunación también cobran relieve. Un informe de la Fundación Alem de la UCR, donde la voz sanitaria corresponde a Adolfo Rubinstein, indica que al país llegaron 48,8 millones de vacunas, se distribuyeron 44,5 millones y se aplicaron 39,6 millones. Las diferencias en esas cifras no tienen una explicación clara. Se podría especular con que el oficialismo ha retenido dosis para acelerar la vacunación en plena campaña. Es posible que muchas se preserven como segunda dosis, en un momento en que la variante Delta exige inmunizar con el esquema completo. Los técnicos radicales consignan un dato inquietante: de las dos apuestas del Gobierno han fracasado. Falta el 35% de las Sputnik y el 50% de las AstraZeneca, según lo comprometido en los contratos originales.

En medio de estos inconvenientes irrumpe el “detalle” de la fiesta de cumpleaños de la primera dama en Olivos. El Presidente propone pagar una multa. Pero al mismo tiempo dice que no cometió irregularidad alguna. Esta segunda afirmación es temeraria. No porque expresa un error jurídico: en todo caso esto lo deberá determinar el fiscal porteño Ramiro González, de quien nadie puede explicar por qué investiga un episodio ocurrido en Olivos, es decir, en la jurisdicción federal de San Isidro. Lo más grave es que, al decir que violar los decretos de la cuarentena no es delito, Fernández sacrifica la que fue su principal herramienta administrativa durante toda la epidemia. Está diciendo que, en adelante, se podría abandonar el aislamiento siempre que no se contagie a nadie. Las fiestas clandestinas se vuelven regulares. Esta tesis hizo que se viralice un video en el que el Presidente se ufana de haber iniciado infinidad de causas penales contra gente que hizo lo mismo que él en aquel cumpleaños. Ese video inicia un nuevo género. Hasta ahora proliferaban antiguas imágenes de Alberto Fernández adoptando posiciones contrarias a Cristina Kirchner. Ahora comienzan a verse registros recientes de Alberto Fernández criticando medidas recientes de Alberto Fernández. Imposible calibrar cuánto afectarán la disputa política estos desaguisados en el manejo de la pandemia.

La atipicidad del proceso electoral es relevante porque plantea un desafío analítico. Obliga a tomar prevenciones frente a todos los pronósticos. Pero existe otro motivo por el que se vuelve significativa: obligado a doblegar una inercia que le juega en contra, el Gobierno se vuelve más extremo en sus decisiones económicas. De todos los indicadores que instalan una duda sobre lo que pronostican las encuestas acaso el más convincente es el comportamiento del salario real. Para decirlo en otros términos: las fluctuaciones del poder adquisitivo. Existe una relación notable ente esa variable y la suerte de los oficialismos frente a las urnas. El economista Esteban Domecq ha graficado esa curva. Si se consideran pesos equivalentes, el salario real era de 104.585 pesos en julio de 2017, pasó a 88.000 pesos en octubre de 2019, subió un poco hasta 92.000 pesos en febrero del año pasado y volvió a derrumbarse hasta 84.000, que es su valor actual.

El mismo poder adquisitivo se puede medir, como hace Alfonso Prat-Gay, observando un movimiento que para el Gobierno resulta odioso: el del salario mínimo medido en kilos de asado. Durante la gestión de Macri, con esa suma se podían comprar 192 kilos; hoy solo 122. El salario mínimo, entonces, perdió valor por 70 kilos de ese asado que Fernández prometía.

El Gobierno pelea contra ese gran rival electoral. Por eso aumenta el gasto social pero, sobre todo, atrasa el tipo de cambio, que es la mejor manera de llegar a la clase media. Así se puede explicar la leve mejora de la confianza del Gobierno en el último mes. Eso sí: la emisión monetaria, que fue de 3500 millones de pesos en mayo, aumentó a 70.000 millones en junio, a 100.000 en julio y promete estar en 200.000 millones en agosto. Reabsorber esos pesos abre un fenomenal problema monetario, que exige medidas muy desagradables para su corrección. Tiene un argumento a favor el 58% que en la encuesta de Isonomía opina que el Gobierno no logrará controlar la inflación. Solo 22% considera lo contrario. El resto no contesta.

Las desviaciones que produce esta economía electoral predicen algo obvio: la discusión con el Fondo Monetario va a ser mucho más trabajosa. Tanto que podría volverse más natural, en el oficialismo, dudar de la conveniencia de un acuerdo. Pero existe otro problema, menos evidente. ¿Qué sucedería si en las primarias Cristina Kirchner enfrentara un resultado más ajustado que el previsto? La urgencia por aumentar el gasto y atrasar todas las variables se dispararía de inmediato. Guzmán estaría en problemas. Más que ahora. Las derivaciones de un cuadro semejante serían más misteriosas que las condiciones en que ese cuadro se genera. En esas circunstancias angustiantes, habría que prepararse para otros videos, mucho más preocupantes, de Alberto Fernández hablando en contra de sí mismo.

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Política

Pullaro defendió el rumbo en seguridad y pidió respaldo político para profundizar las reformas

El gobernador de Santa Fe aseguró que la provincia “está dando una pelea frontal contra el delito” y sostuvo que los cambios en la política criminal deben sostenerse en el tiempo. También reclamó apoyo legislativo para nuevas medidas.

Ailén Lazarte

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a respaldar la estrategia de seguridad implementada en la provincia y pidió acompañamiento político para avanzar con reformas estructurales que, según afirmó, buscan consolidar la baja de los índices delictivos.

Durante una actividad oficial, el mandatario sostuvo que “la provincia está enfrentando al crimen organizado con decisión” y remarcó que el fortalecimiento del sistema penitenciario y el endurecimiento de controles dentro de las cárceles fueron ejes centrales de la gestión.

Pullaro también hizo referencia a la situación en Rosario, donde destacó que la presencia policial se incrementó en zonas consideradas críticas y que se trabaja de manera coordinada con fuerzas federales y el Ministerio Público de la Acusación.

En el plano legislativo, el gobernador pidió avanzar con proyectos vinculados a la modernización del sistema judicial y a nuevas herramientas para combatir economías ilegales. “Necesitamos que las reformas no dependan de un gobierno, sino que se transformen en políticas de Estado”, señaló.

Desde la oposición, en tanto, algunos sectores cuestionaron el enfoque oficial y reclamaron mayor inversión social en barrios vulnerables para complementar la estrategia de seguridad.

El debate promete trasladarse a la Legislatura provincial en las próximas semanas, en un escenario político marcado por la discusión presupuestaria y las prioridades para el próximo año.

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Política

El “cementerio textil” de Atacama pone a Boric en la mira

Chile no cumple un fallo que ordena reparar el daño ambiental por toneladas de ropa descartada en el desierto. La denuncia de Guillermo Whpei que se volvió viral.

Ailén Lazarte

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El basural textil del Desierto de Atacama volvió al centro de la escena pública y política regional. En las últimas horas, el tema se convirtió en tendencia en redes sociales en la Argentina, bajo el rótulo de “cementerio oculto”, a partir de una serie de posteos de periodistas y referentes de la opinión pública que retomaron una denuncia que lleva años sin resolverse: la acumulación masiva de ropa usada —y en muchos casos nueva— en el norte de Chile y el incumplimiento de un fallo judicial que obliga al Estado chileno a reparar el daño ambiental causado.

 

«Denunciaron a Boric por la contaminación generada en el Desierto de Atacama en Chile, donde tiran toneladas de ropa usada que traen países de afuera. Lograron que los sancionen, pero no cumplieron con el fallo”, escribió Luis Majul, al tiempo que preguntó a sus seguidores si Chile debía “pagar las consecuencias”. En la misma línea, Alejandro Fantino advirtió: “Atentos a esto: Guillermo Whpei fue a Chile para liderar una investigación contra el desastre que hizo Chile contaminando el Desierto de Atacama con ropa usada que traen países del resto del mundo”. Claudio Savoia, por su parte, sumó: “Y esto???? El argentino Guillermo Whpei y la Fundación para la Democracia Internacional denunciaron al gobierno de Chile por la contaminación masiva del desierto de Atacama: hubo un proceso y una sanción, pero no lo obedecieron… y no pasó nada”.

 

 

Detrás del rebrote mediático hay un dato concreto. El Gobierno de Chile no acató la resolución del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que, en un fallo inédito emitido en septiembre pasado, responsabilizó al Estado por el daño ambiental causado por el basurero textil clandestino más grande de América Latina, ubicado en el Desierto de Atacama. Así lo afirma el empresario argentino Guillermo Whpei, quien a través de la Fundación para la Democracia Internacional fue uno de los principales impulsores de la visibilización del problema y hoy exige el cumplimiento efectivo de la sentencia.

 

El fallo reconoció que Chile incurrió en una falta por omisión al no prevenir ni fiscalizar la disposición ilegal de residuos textiles en terrenos fiscales de la comuna de Alto Hospicio. La resolución obligó al Estado a presentar un plan de reparación ambiental a diez años, con diagnóstico, retiro seguro de residuos, restauración de suelos, recuperación del paisaje, trazabilidad del ingreso de la ropa por el puerto de Iquique y publicación de los costos reales del rescate.

 

El Desierto de Atacama, el más árido del planeta, se transformó en el destino final de los descartes de la industria textil global. Estados Unidos, Europa y Asia envían allí millones de prendas que no se venden o se desechan tras una sola temporada. Se calcula que por el puerto de Iquique ingresan entre 120.000 y 180.000 toneladas de ropa por año. Una parte se revende, pero la mayoría termina formando montañas de desechos textiles, muchas veces quemados, con impacto directo sobre el ecosistema.

Pese al fallo, el Consejo de Defensa del Estado chileno presentó un recurso ante la Corte Suprema para anular la sentencia, alegando vicios formales y errores de derecho. Mientras tanto, según Whpei, no hubo avances concretos. “La resolución de la Justicia chilena es clara. Sin embargo, todavía no se avanzó en el plan de reparación, no se tomó una sola medida al respecto y las montañas de ropa se siguen acumulando en el Desierto de Atacama”, afirmó.

El empresario también remarcó que el problema excede a un gobierno puntual: “Las autoridades de Chile de ahora y de los gobiernos que vienen, sean del color político que sean, deberían acatar la resolución judicial y tener entre sus prioridades el seguimiento del plan de reparación”. Y concluyó: “Durante décadas el Estado de Chile miró para otro lado, beneficiándose económicamente con el ingreso de toneladas de ropa de todo el mundo en sus puertos y luego desechándolas en el desierto. Atacama es un lugar único en el mundo, y esta situación nos hace recapacitar que no existe belleza si no hay compromiso”. La viralización del tema vuelve a poner presión sobre un conflicto ambiental que ya tiene sentencia, pero sigue esperando acción.

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Política

Reforma laboral: Losada la defiende y celebra la postergación del debate para perfeccionarla

La senadora santafesina Carolina Losada respaldó el proyecto de reforma laboral y consideró acertada la decisión de postergar su tratamiento en el Congreso para introducir mejoras y ampliar el debate.

Ailén Lazarte

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La senadora nacional Carolina Losada (UCR–Santa Fe) salió ayer al cruce de las críticas y defendió con fuerza el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional, que generó fuerte rechazo de sindicatos y sectores de la oposición pero cuenta con respaldo del oficialismo para avanzar en el Congreso.

Losada calificó la iniciativa como “un paso adelante para la Argentina”, al argumentar que apunta a generar reglas claras para trabajadores y empleadores y reducir la litigiosidad que actualmente dificulta las contrataciones formales en el mercado laboral. Para la legisladora, la normativa beneficiará tanto a empleados como a pymes, y destacó que su incorporación al marco legal dará previsibilidad a las relaciones laborales.

La senadora también valoró la decisión de postergar el tratamiento en el recinto hasta febrero, con el objetivo de “darle más tiempo al debate y perfeccionar algunos puntos del texto antes de la votación”. Entre los ajustes que propone está una modificación al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) para favorecer a pymes y micropymes, así como sugerencias sobre el Estatuto del Periodista, al que consideró que debe actualizarse en lugar de derogarse directamente.

El proyecto oficial ha generado tensiones políticas y sociales. Sectores sindicales y referentes opositores denunciaron que varias de las propuestas son regresivas y podrían debilitar derechos laborales, lo que derivó en protestas en distintas ciudades del país.

En Santa Fe, la postura de Losada marcó además una divergencia interna en el oficialismo provincial, en momentos en que algunos referentes cuestionan la reforma desde distintos ángulos, incluso calificándola como inconstitucional o insuficiente para proteger a los trabajadores.

La reforma laboral fue impulsada por el Ejecutivo nacional y trabajada en el Consejo de Mayo, espacio multisectorial donde Losada participó activamente de la redacción del texto que finalmente se presentará en el Congreso durante sesiones extraordinarias de febrero.

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