Una serie de correos electrónicos cruzados entre el Ministerio de Salud y la compañía norteamericana Pfizer entre el 11 y el 15 de diciembre pasados, que vio LA NACION, muestran los motivos detrás de la pelea entre ambas partes, que le impiden a la Argentina hasta ahora cerrar un acuerdo con el laboratorio para hacerse de una de las alternativas más codiciadas en la pelea contra el covid.
La documentación analizada muestra la molestia del titular de Salud, Ginés González García, con el laboratorio, enumera reproches y denuncia presiones, pero deja la puerta abierta a un futuro acuerdo.
También revela que el gobierno argentino, según sus términos, modificó el marco normativo hasta el límite de lo permitido e hizo piruetas legislativas para contar con la vacuna de Pfizer y otras alternativas, algo que incrementó el enojo de Salud ante la negativa de la empresa.
Del otro lado, el gerente general del laboratorio en la Argentina, Nicolás Vaquer, mencionó que las demoras en la negociación, sumadas a motivos clínicos, dilataron la llegada de la vacuna al país de acuerdo con un cronograma conversado a mediados del año pasado.
El primer capítulo de la historia que se cuenta en estas líneas comenzó el último 11 de diciembre. A las 16.08 salió el correo electrónico desde la secretaría privada de González García con destino a la casilla de Nicolás Vaquer. Llevaba adjunto una carta firmada por el ministro de Salud.
El texto tiene una prosa fría y reconstruye las facilidades que le dio la Argentina a Pfizer para desarrollar la vacuna, entre las que se destacan la «plena disposición» del Hospital Militar Central para el trabajo clínico.
A las 16.08 salió el correo electrónico desde la secretaría privada de González García con destino a la casilla de Nicolás Vaquer. Llevaba adjunto una carta firmada por el ministro de Salud.
La carta de González García recuerda que el Gobierno y Pfizer suscribieron un acuerdo de confidencialidad donde se evaluaron alternativas de suministro, plazos de entrega, cantidades y precio. Luego se enumeran los problemas: «…se ofreció reemplazar condiciones de indemnidad por una póliza o seguro de caución en Nueva York, pero estas no fueron aceptadas por Pfizer.. … Se pretendió imponer al Gobierno Argentino que aceptara firmar el contrato en un plazo de una semana, sin contemplar los principios que deben primar en toda la actuación de la Administración Pública».
Pfizer y otros vacunas
Párrafos más adelante, González García repasó los pasos de la Casa Rosada para adaptar el marco normativo de la Argentina a las demandas de quienes producen las vacunas. Allí aparecen elementos nuevos: «Distintos proveedores de la industria farmacéutica solicitaron al gobierno argentino condiciones tales como la prórroga de jurisdicción, indemnidad patrimonial y confidencialidad. Entre ellos, Pfizer reclamó además condiciones de inmunidad que exceden las que brinda el Estado argentino a organismos internacionales o programas de organismos multilaterales», reconoció el ministro de Salud.
Según la interpretación del Gobierno documentada en las copias que vio LA NACION, la Casa Rosada considera que la empresa norteamericana insistió con posterioridad a las normas sancionadas en la necesidad de contemplar cláusulas con requerimientos más importantes que superan las excepcionalidades previstas.
Dos son los puntos clave: condiciones de indemnidad (prohibición de represalias) y de reconocimiento de pérdidas que, según González García, exceden las posibilidades del Estado.
Ultima página de la carta envida por González García al gerente general de Pfizer. Habla de la posibilidad de contratar un seguro en Nueva York.
La respuesta a González García llegó cuatro días después, por la noche. El 15 de diciembre pasado a las 23.34 Nicolás Vaquer, de Pfizer, le contestó, también por carta enviada electrónicamente, al ministro de Salud. Su secretaría privada confirmó haber recibido la comunicación a las 11.02 del día siguiente.
La nota de Vaquer ensaya algunos reproches en una redacción más amistosa que la de González García, pero puntualiza mejor que nadie las diferencias entre el Gobierno y el laboratorio norteamericano.
Dos puntos impiden el acuerdo con Pfizer
En una referencia a una conversación con el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo, menciona dos puntos pendientes de resolución. Tal como aparecen escritos, son: «1) El supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad en la ley. 2) La limitación de bienes, que tornan prácticamente imposible la ejecución de la indemnidad».
El primer punto, que introdujo en la ley la diputada Graciela Ocaña, pero fue sostenido por el ministro de Salud, sugiere que Pfizer entiende que la inclusión de la negligencia (alguna cuestión que haga que algo salga mal) le quita a la empresa los beneficios asociados a la indemnidad, algo que limitaría su responsabilidad en caso de reclamos patrimoniales o de otro tipo.
Dicho en otros términos: el temor de la empresa es que la indemnidad no aplique cuando haya negligencia. Versiones periodísticas indican que debajo de esa argumentación hay otra pelea por la logística de la vacuna, compleja dado que requiere de bajas temperaturas. LA NACION no puede corroborar esa versión a partir de diversos documentos que obtuvo en respuesta a pedidos de información amparados por la ley.
La respuesta a González García llegó cuatro días después, por la noche. El 15 de diciembre pasado a las 23.34 Nicolás Vaquer, de Pfizer, le contestó, también por carta enviada electrónicamente, al ministro de Salud. Su secretaría privada confirmó haber recibido la comunicación a las 11.02 del día si
El término «negligencia» es también para González García el nudo de la disputa. En una presentación en comisión en Diputados, el ministro sostuvo que la empresa no «quería que estuviera» esa palabra.
El hecho de que el término esté escrito en la carta que la empresa le envió al ministro acredita versiones anteriores de González García.
Otros gobiernos de la región, recordó Pfizer en la nota, aceptaron ceder en ese punto.
El segundo punto en discordia, estimaron fuentes consultadas, apunta a resolver el primero. Como se «coló» la negligencia, el laboratorio pidió una cobertura económica ante juicios que debía correr por cuenta del Estado. Por eso, la salida estaría en un seguro de caución en Nueva York. Puede tratarse de una cifra gigantesca.
Aunque lejano, el último punto es el que estaría más cerca de resolverse, según el texto de Vaquer a González García, ya que la opción de la póliza en Estados Unidos, como propuso el gobierno argentino, «podría ser un punto válido» para abordarlo según Pfizer.
Alerta sanitaria en Rosario: Confirmaron la primera muerte por Gripe A y crecen los casos en toda la provincia
Las autoridades de salud de Santa Fe confirmaron el fallecimiento de un paciente en la ciudad debido a complicaciones derivadas de la Influenza A. El caso encendió las alarmas en el sistema sanitario regional, donde admiten un incremento acelerado de los cuadros respiratorios y reiteran el llamado urgente a vacunarse antes del pico invernal.
El primer caso fatal y el panorama local La confirmación del deceso golpeó con fuerza al sistema de salud de Rosario. Se trata de un paciente que ingresó con un cuadro respiratorio severo y cuyo diagnóstico posterior ratificó que padecía Gripe A. Si bien las autoridades médicas mantienen la reserva de la identidad, confirmaron que el desenlace fatal está directamente ligado a las complicaciones del virus de la Influenza, marcando la primera muerte de la temporada por esta causa en la ciudad.
El caso no es un hecho aislado. En los distintos efectores públicos y privados de Rosario se viene registrando un cuello de botella en las guardias debido a un salto abrupto en las consultas por síndromes febriles, tos y dificultades respiratorias. Los profesionales de la salud advierten que la circulación del virus se adelantó varias semanas respecto a los inviernos anteriores, lo que está tensionando la atención médica primaria mucho antes de lo previsto.
Baja cobertura y el llamado urgente a la vacunación Frente a este escenario, el Ministerio de Salud provincial lanzó un fuerte llamado de atención por los bajos niveles de vacunación registrados hasta el momento. La preocupación principal de los epidemiólogos radica en que gran parte de los grupos de riesgo —que incluyen a embarazadas, niños menores de dos años, adultos mayores de 65 y personas con comorbilidades— todavía no se acercaron a los vacunatorios a recibir la dosis anual.
Desde la cartera sanitaria recordaron que la vacuna contra la gripe está disponible de manera gratuita en todos los centros de salud de la provincia y que es la herramienta fundamental para evitar que los cuadros deriven en neumonías o internaciones de gravedad. Asimismo, insistieron en retomar las medidas de prevención básicas que quedaron como aprendizaje de la pandemia: ventilación constante de ambientes cruzados, lavado frecuente de manos y aislamiento preventivo ante la aparición de los primeros síntomas para frenar la cadena de contagios.
Incendios en las islas: piden estudios científicos sobre terraplenes y crece la presión en la causa judicial
La investigación por el impacto ambiental de las quemas en las islas sumó un nuevo pedido ante la Justicia Federal. Organizaciones y especialistas buscan que se realicen pericias técnicas sobre los terraplenes construidos en el humedal para determinar cómo influyeron en el deterioro del ecosistema y en la propagación de incendios.
La investigación por el daño ambiental provocado en las islas frente a Rosario volvió a tomar impulso con nuevos planteos judiciales y reclamos de organizaciones ambientalistas. En esta etapa, buscan que se realicen pericias científicas para analizar el impacto de los terraplenes y las modificaciones hechas sobre el humedal.
La causa civil que tramita en la Justicia Federal apunta no sólo a determinar responsabilidades por los incendios registrados entre 2020 y 2022, sino también a evaluar las consecuencias de distintas intervenciones humanas sobre el ecosistema del Delta del Paraná. Entre ellas aparecen las construcciones de terraplenes, canalizaciones y endicamientos que, según denuncian especialistas y ambientalistas, alteraron el funcionamiento natural de las islas.
En ese contexto, abogados que participan del expediente solicitaron que se incorporen estudios técnicos y análisis científicos que permitan medir el impacto concreto de esas obras sobre el ambiente y su posible relación con la propagación de incendios en la región.
La discusión sobre los terraplenes no es nueva. Desde hace años, distintas organizaciones vienen denunciando construcciones ilegales en sectores protegidos del humedal. Incluso, durante los peores momentos de las quemas, llegaron a detectarse máquinas trabajando en zonas alcanzadas por medidas cautelares que prohibían ese tipo de intervenciones.
Mientras tanto, la causa penal vinculada a los incendios continúa envuelta en una fuerte disputa judicial. Luego del sobreseimiento de decenas de imputados, la Fiscalía Federal apeló la resolución y sostiene que existió al menos negligencia por parte de propietarios de campos donde se originaron focos ígneos reiterados durante varios años.
Las quemas en las islas afectaron cientos de miles de hectáreas y durante largos períodos cubrieron de humo a Rosario y gran parte de la región. Además del daño ambiental, distintos estudios advirtieron sobre consecuencias sanitarias para la población y pérdidas irreparables en la fauna y flora del humedal.
Rosario: comenzó el juicio contra un cirujano acusado por la muerte de una mujer tras una liposucción
A casi ocho años del fallecimiento de una paciente que se sometió a una cirugía estética en una clínica del centro rosarino, comenzó el juicio oral contra un médico acusado de homicidio culposo. La fiscalía sostiene que hubo negligencia, imprudencia y graves fallas en la atención postoperatoria.
La Justicia de Rosario comenzó este martes el juicio oral contra un cirujano plástico acusado por la muerte de una mujer de 46 años que falleció días después de someterse a una liposucción en una clínica privada ubicada en el centro de la ciudad. El caso, ocurrido en 2018, vuelve a quedar en el centro de la escena judicial tras años de investigación y denuncias de la familia de la víctima.
El profesional imputado enfrenta cargos por homicidio culposo. Según la acusación presentada por la fiscalía, el médico habría actuado con negligencia durante la intervención quirúrgica y en el seguimiento posterior de la paciente, lo que habría derivado en una grave infección, complicaciones severas y finalmente su fallecimiento.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, la mujer se sometió a una liposucción en un establecimiento dedicado a cirugías estéticas situado en pleno centro rosarino. Tras la operación recibió el alta pocas horas después, pero en los días siguientes comenzó a presentar fuertes malestares físicos y signos compatibles con una infección.
Con el correr de las jornadas, su cuadro se agravó de manera progresiva hasta requerir internación de urgencia en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde finalmente murió a raíz de una falla multiorgánica producto de un shock séptico.
La investigación fiscal sostiene que existieron múltiples irregularidades. Entre ellas, se apunta a presuntas deficiencias en las condiciones del procedimiento, falta de controles adecuados y omisiones en la atención médica frente al deterioro clínico de la paciente.
Además, uno de los elementos incorporados a la causa habría resultado especialmente comprometedor: durante estudios y pericias posteriores se detectó material contaminante vinculado al procedimiento quirúrgico, lo que reforzó la hipótesis acusatoria sobre malas prácticas médicas.
La fiscalía solicitó para el acusado una pena de tres años de prisión condicional y una inhabilitación especial para ejercer la medicina durante diez años.
El caso generó fuerte repercusión en Rosario, particularmente por tratarse de una intervención estética programada en una clínica privada y por las denuncias públicas impulsadas por familiares de la víctima, quienes desde el inicio reclamaron justicia y responsabilidades concretas.
Con el inicio del debate oral, se espera la declaración de peritos, especialistas médicos y testigos vinculados al tratamiento y evolución clínica de la paciente. El proceso buscará determinar si efectivamente existió negligencia profesional y si esa conducta tuvo relación directa con el desenlace fatal.
La causa vuelve a instalar el debate sobre los controles en centros de cirugía estética, la responsabilidad profesional y la seguridad de procedimientos quirúrgicos cada vez más demandados por pacientes en todo el país.