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Policiales

Hallan sin vida a un agente de seguridad en la Quinta de Olivos

Un soldado que cumplía tareas de vigilancia fue encontrado muerto dentro de la residencia presidencial de Olivos, lo que desató una investigación judicial para determinar las circunstancias de su muerte

Ailén Lazarte

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Un agente de seguridad de 21 años que integraba el cuerpo encargado de vigilar la Quinta Presidencial de Olivos fue hallado muerto en el interior de la residencia esta madrugada, en un hecho que encendió alarmas dentro del ámbito de seguridad nacional y que se encuentra bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

El efectivo, que pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, cumplía funciones de vigilancia permanente en el predio, donde reside el presidente de la Nación y se llevan a cabo actividades oficiales y privadas de la primera autoridad del país.

Según las primeras informaciones oficiales, el hallazgo del cuerpo se produjo en un sector de la residencia durante la madrugada, lo que derivó en la activación inmediata de un operativo de seguridad y de pericias por parte de la Policía Federal Argentina (PFA) junto a la fiscalía competente.

La investigación quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien se presentó en el lugar acompañada por equipos forenses y de la fuerza para iniciar las diligencias correspondientes, incluida la recolección de evidencia, la toma de testimonios y la revisión de las cámaras de seguridad internas.

Aunque en las primeras horas de la pesquisa se barajó la posibilidad de que la causa del deceso haya sido un suicidio, las autoridades subrayaron que todas las hipótesis siguen abiertas y que continuarán con las indagaciones para determinar con precisión lo sucedido. Entre las medidas impulsadas se encuentran el análisis de grabaciones de video, la revisión de objetos encontrados en el lugar y entrevistas a compañeros del agente fallecido.

El joven soldado, oriundo de la provincia de Misiones, era uno de los más recientes integrantes del equipo de seguridad destinado a la vigilancia de la residencia presidencial, un rol que incluye turnos prolongados y responsabilidades clave en la protección de la primera autoridad y del predio.

El caso se encuentra en etapa preliminar y, según fuentes judiciales, se aguardan los resultados de las pericias y de la autopsia para poder avanzar con determinaciones más concretas sobre las circunstancias y causas de su muerte.

La conmoción por este acontecimiento dentro de uno de los espacios más custodiados del país ha generado un fuerte seguimiento tanto en el ámbito político como en las fuerzas de seguridad, que permanecen a la espera de mayores precisiones sobre un hecho que aún no ha sido plenamente explicado.

Argentina

Murió Gaspi a los 23 años: el influencer argentino fue una de las víctimas del choque de helicópteros en Brasil

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, causó conmoción en el mundo digital. Según informaron autoridades brasileñas y medios internacionales, el creador de contenido argentino falleció en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo.

Ailén Lazarte

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La comunidad de las redes sociales atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, uno de los influencers y youtubers argentinos más reconocidos de los últimos años.

De acuerdo con la información difundida por autoridades brasileñas y replicada por medios nacionales e internacionales, el joven de 23 años viajaba en uno de los dos helicópteros que chocaron en pleno vuelo sobre Río de Janeiro durante la jornada del domingo. El siniestro dejó varias víctimas fatales y es investigado por organismos competentes de Brasil para determinar las circunstancias en las que ocurrió.

La identidad de Gaspi entre las víctimas fue confirmada por las autoridades intervinientes y posteriormente difundida por distintos medios de comunicación, lo que generó una inmediata repercusión entre seguidores, colegas y figuras del ámbito digital.

Gaspi había alcanzado una enorme popularidad gracias a sus videos en redes sociales, especialmente por sus entrevistas callejeras cargadas de humor, improvisación y situaciones descontracturadas que rápidamente se volvieron virales. Con el paso de los años logró construir una comunidad de millones de seguidores en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, convirtiéndose en una de las caras más conocidas de la nueva generación de creadores de contenido argentinos.

Nacido en Buenos Aires, su crecimiento en el mundo digital fue constante y le permitió transformarse en una figura destacada dentro del streaming y las redes sociales. Entre los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera se encuentra el premio a Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, uno de los eventos más importantes de la escena de internet en Argentina.

Durante los últimos años también participó en diversos proyectos vinculados al entretenimiento digital y amplió su alcance internacional, incluyendo su presencia en eventos de gran repercusión entre creadores de contenido de habla hispana.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, numerosos influencers, streamers y personalidades del ámbito digital expresaron públicamente su pesar a través de las redes sociales y enviaron mensajes de acompañamiento a familiares y amigos.

La muerte de Gaspi genera un fuerte impacto entre sus seguidores y marca el final de la trayectoria de uno de los creadores de contenido más populares surgidos de las redes sociales argentinas en la última década.

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Policiales

Giro de horror en Rosario: caen nueve policías acusados de prender fuego vivo a un hombre en un operativo

Una mentira oficial que se sostuvo durante dos años terminó de desmoronarse por completo. Nueve efectivos de la Policía de Santa Fe fueron detenidos en las últimas horas y serán llevados a audiencia imputativa el próximo martes, acusados de un aberrante caso de violencia institucional: haber rociado con alcohol y prendido fuego a un hombre durante un procedimiento, para luego armar un acta falsa y hacer pasar el ataque como un accidente doméstico.

Ailén Lazarte

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El hecho, que permanecía bajo un manto de impunidad, ocurrió el 27 de mayo de 2024 en la calle Larrechea al 1900, en la zona norte de Rosario. Aquella jornada, los uniformados irrumpieron en el lugar en el marco de un operativo de flagrancia por narcomenudeo, donde detuvieron a un grupo de personas con estupefacientes. En medio del despliegue, Raúl Andrés A., de 42 años, sufrió quemaduras críticas en todo su cuerpo.

La primera versión que los policías plasmaron en los papeles oficiales fue burda: aseguraron que el sospechoso había intentado quemar una mochila para destruir evidencia y que, de manera accidental, las llamas lo habían alcanzado. Sin embargo, tras una minuciosa investigación penal y la intervención de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, la verdad salió a la luz. La propia víctima, quien logró sobrevivir tras pasar meses en terapia intensiva, relató el horror en primera persona: los efectivos le vertieron una botella de alcohol etílico sobre el cuerpo y, con total crueldad, le acercaron fuego.

Las secuelas para Raúl Andrés A. son devastadoras y definitivas: quedó traqueotomizado, con el cuerpo cubierto de cicatrices y con la pérdida total de la voz.

El próximo martes, el fiscal Pablo Socca sentará en el banquillo de los acusados a los nueve implicados bajo una catarata de cargos que anticipa penas altísimas. La imputación principal será por tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser miembros de una fuerza de seguridad. A esto se le sumarán los delitos de falsedad ideológica (por inventar el acta), amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los policías que terminaron tras las rejas y enfrentan la destitución inmediata fueron identificados oficialmente como David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano O., Jesús B., Maximiliano C., Isaias B., Estela B. y Maria Eugenia N., desnudando una trama de complicidad corporativa que la Justicia santafesina busca desmantelar de raíz.

El hecho, que permanecía bajo un manto de impunidad, ocurrió el 27 de mayo de 2024 en la calle Larrechea al 1900, en la zona norte de Rosario. Aquella jornada, los uniformados irrumpieron en el lugar en el marco de un operativo de flagrancia por narcomenudeo, donde detuvieron a un grupo de personas con estupefacientes. En medio del despliegue, Raúl Andrés A., de 42 años, sufrió quemaduras críticas en todo su cuerpo.

La primera versión que los policías plasmaron en los papeles oficiales fue burda: aseguraron que el sospechoso había intentado quemar una mochila para destruir evidencia y que, de manera accidental, las llamas lo habían alcanzado. Sin embargo, tras una minuciosa investigación penal y la intervención de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, la verdad salió a la luz. La propia víctima, quien logró sobrevivir tras pasar meses en terapia intensiva, relató el horror en primera persona: los efectivos le vertieron una botella de alcohol etílico sobre el cuerpo y, con total crueldad, le acercaron fuego.

Las secuelas para Raúl Andrés A. son devastadoras y definitivas: quedó traqueotomizado, con el cuerpo cubierto de cicatrices y con la pérdida total de la voz.

El próximo martes, el fiscal Pablo Socca sentará en el banquillo de los acusados a los nueve implicados bajo una catarata de cargos que anticipa penas altísimas. La imputación principal será por tentativa de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por ser miembros de una fuerza de seguridad. A esto se le sumarán los delitos de falsedad ideológica (por inventar el acta), amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los policías que terminaron tras las rejas y enfrentan la destitución inmediata fueron identificados oficialmente como David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano O., Jesús B., Maximiliano C., Isaias B., Estela B. y Maria Eugenia N., desnudando una trama de complicidad corporativa que la Justicia santafesina busca desmantelar de raíz.

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Policiales

Horror en Empalme Graneros: se multiplican las denuncias por abuso sexual en un jardín de infantes

La comunidad educativa del barrio Empalme Graneros se encuentra atravesada por la angustia y la indignación. En las últimas horas, la tensión frente al Jardín de Infantes N° 234 «Justo José de Urquiza», ubicado en la intersección de las calles Juan José Paso y Larrechea, escaló por completo tras confirmarse que ya suman al menos tres las denuncias formales por presuntos abusos sexuales cometidos contra niños de las salas de 4 y 5 años. Las familias exigen respuestas inmediatas a las autoridades ministeriales y el apartamiento preventivo de todo el personal bajo sospecha.

Ailén Lazarte

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El caso que encendió las alarmas judiciales tuvo como denunciante a la madre de un alumno de 5 años, quien radicó la presentación el pasado lunes ante la Comisaría de la Mujer. Según el crudo relato de la mujer, su hijo comenzó a manifestar cambios drásticos en su conducta y, tras un proceso de contención familiar, logró poner en palabras los ultrajes que presuntamente ocurrían dentro del establecimiento escolar durante el horario de clases.

A partir de la difusión de este primer hecho, el efecto dominó fue inmediato. Otras dos familias de la institución se presentaron ante los Centros Territoriales de Denuncia (CTD) manifestando relatos con alarmantes coincidencias metodológicas y señalando el mismo entorno como escenario de los ataques. La investigación penal quedó centralizada en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde ya se ordenaron las primeras medidas de contención psicológica para las víctimas a través del equipo interdisciplinario de Cámaras Gesell.

Frente a las puertas del establecimiento, un nutrido grupo de padres y vecinos improvisó una protesta con carteles y aplausos para visibilizar el reclamo y exigir que el Ministerio de Educación provincial intervenga la institución de manera urgente. «Queremos saber quién cuidaba a nuestros hijos y por qué nadie vio nada; la dirección del jardín intentó minimizar el tema al principio y eso es complicidad», reclamó con dureza uno de los familiares presentes en la manifestación.

Mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas y peritajes clave para determinar las responsabilidades materiales dentro del jardín, las autoridades educativas dispusieron el inicio de un sumario administrativo interno, aunque para la comunidad afectada, los tiempos de la burocracia estatal corren muy por detrás del dolor y la urgencia de las familias.

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