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«¿CUÁNTO TIEMPO ES UN TIEMPITO?» SE PRESENTÓ EN EL CONCEJO

LA OBRA TEATRAL «¿CUÁNTO TIEMPO ES UN TIEMPITO?» SE PRESENTÓ EN EL CONCEJO

eltribuno

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El salón Puerto Argentino fue escenario de la puesta en escena, creación del juez rosarino Marcelo Molina y que refiere a los derechos de la niñez y las familias.

El jueves 17 de marzo, en el salón Puerto Argentino se presentó la obra teatral «¿Cuánto tiempo es un tiempito?» escrita por el juez y especialista en derecho de familia, Marcelo Molina, que trata sobre los derechos de la niñez y las personas vulnerables.

Estuvieron presentes las concejalas Susana Rueda, de Rosario Progresista, y Nadia Amalevi, de Arriba Rosario, entre otros participantes como el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Hernán Botta. También asistieron periodistas, integrantes de distintas organizaciones, niñas, niños y adolescentes

Fue la primera vez que la obra se presentó luego del aislamiento impuesto por la pandemia, y sus próximas funciones serán el 5 y 26 de junio en la sala «Nicasio Oroño», de San Lorenzo 1055. Cuenta con más de 25 actores y actrices en escena y el personaje principal es representado por Germán Sutter Schneider, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario. La puesta en escena está basada en el libro homónimo del mismo autor.

“Para nosotros y nosotras, concejales y concejalas, es fundamental percibir las diferentes realidades en primera persona. Por eso, los ensayos que pudimos ver en los últimos días nos conmovieron profundamente”, expresó Rueda.Y luego prosiguió la edila de Rosario Progresista: “Tuve la oportunidad de ver la obra en la Sala Lavardén cuando se presentó hace dos años, y además con los libros que Marcelo escribió, los cuales declaramos de interés municipal, sabemos que es un juez comprometido con su tiempo, su realidad y la Justicia.”También reconoció que “sabemos que las leyes son la sombra de la Justicia, pero el espíritu de la interpretación de la Justicia queda a partir de la empatía que los jueces puedan lograr por esa realidad, y Marcelo lo ha demostrado con actitud, no solo a través de sus obras, sino a través de sus libros.”

A continuación, Molina ponderó el espacio del Concejo Municipal y la posibilidad de representar la obra en ese espacio, “un lugar importantísimo y el ámbito institucional de mayor representación del pueblo”.Y también afirmó sobre los textos de su autoría: “La idea de los libros es hacer una divulgación de los derechos. Los derechos no son nuestros, no son de los jueces. No somos los dueños de los derechos, los dueños de los derechos son las personas.”

Molina, quien fuera juez de familia de Rosario entre 2007 y2017, actualmente se desempeña como juez de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial. También es docente en la Universidad Nacional de Rosario.

Al final de la presentación, se intercambiaron opiniones y sensaciones, debate en el que también participaron periodistas, docentes y distintos referentes de la ciudad.

Sobre la puesta en escena y el libro del mismo autor

Además, en septiembre del año pasado, el cuerpo aprobó un proyecto de Susana Rueda, de Rosario Progresista, y Daniela León, de UCR-Juntos para el Cambio, que declaró de interés municipal el libro “Un tiempito para tus derechos entre un mate y un café” del mismo autor, vinculado a la obra. Con un estilo narrativo, el libro se basa en las entrevistas que mantuviera el autor con niñas, niños y adolescentes en su rol de juez de familia.

“La intención del juez Molina es brindar una explicación del derecho de familia, de la niñez, de la salud mental, de la violencia familiar y de género como si estuviesen tomando unos mates o un café”, señala el texto declarativo.

El libro aborda los derechos de las familias, de las personas y de la niñez; el matrimonio: impedimentos, divorcio, nulidad, bienes; las uniones convivenciales; la compensación económica; el parentesco; la filiación por naturaleza y por las técnicas humanas de reproducción asistida; la adopción; la responsabilidad parental, cuidado personal compartida y unilateral; la cuota alimentaria; la debida comunicación con los hijos; la tutela; la salud mental, restricciones y declaración de incapacidad; sistema de apoyos y curadores; las internaciones involuntarias; la violencia familiar y la violencia de género; y la protección de la vivienda.

La obra teatral «¿Cuánto tiempo es un tiempito?» había sido declarada de interés municipal en agosto de 2019 en el marco de la presentación que se realizó en la Plataforma Lavardén, a propuesta del ex concejal Osvaldo Miatello y demás ediles justicialistas.

En la versión teatral se incluyeron casos de personas en situación de vulnerabilidad que van más allá de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo pasajes que reflejan situaciones de violencia de género, problemáticas en torno a salud mental e internaciones, y ancianidad.

La obra fue originalmente estrenada en mayo de 2019 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNR. En tanto el elenco original está conformado por jueces y juezas, secretarias, prosecretarias, relatores, empleadas y empleados del Poder Judicial rosarino, acompañados por un grupo de adolescentes que se forman en la Mutual de la Asociación Médica, quienes conforman “El Tiempito”, Grupo de Iusteatro.

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Paro docente en varias provincias complica el inicio de clases en Argentina

Gremios docentes confirmaron medidas de fuerza en distintas provincias del país en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. La protesta genera incertidumbre sobre el inicio de clases y pone en tensión las negociaciones entre sindicatos, gobiernos provinciales y la Nación.

Ailén Lazarte

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El comienzo del ciclo lectivo en distintas provincias de Argentina se encuentra atravesado por un nuevo conflicto salarial entre los sindicatos docentes y las autoridades educativas. Diversos gremios del sector anunciaron un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y de una mayor inversión en educación, lo que amenaza con retrasar el inicio de clases en varias jurisdicciones.

Las organizaciones sindicales sostienen que los salarios docentes han perdido poder adquisitivo frente a la inflación registrada en el último año y reclaman una recomposición urgente que permita recuperar el ingreso de los trabajadores de la educación. Además, exigen que se convoque nuevamente a la paritaria nacional docente para discutir un salario mínimo a nivel país.

Entre los gremios que impulsan las medidas de fuerza se encuentran entidades nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), uno de los sindicatos más representativos del sector. Desde la organización señalaron que la situación económica afecta directamente a los docentes y advirtieron que la falta de respuestas concretas podría derivar en nuevas protestas.

Por su parte, desde el gobierno nacional encabezado por Javier Milei sostienen que las negociaciones salariales corresponden a cada provincia, ya que la educación es una competencia descentralizada. En ese marco, las autoridades remarcaron que las jurisdicciones deben avanzar en acuerdos propios con los gremios locales.

Sin embargo, la falta de consenso entre sindicatos y gobiernos provinciales generó un escenario de tensión que repercute directamente en el calendario escolar. En varias provincias, los docentes anunciaron que no comenzarán las clases hasta que se presenten propuestas salariales que consideren satisfactorias.

El conflicto genera preocupación entre las familias y la comunidad educativa, ya que el inicio del ciclo lectivo es un momento clave para millones de estudiantes en todo el país. Las autoridades educativas esperan que las negociaciones continúen en los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita normalizar el comienzo de las clases.

Mientras tanto, el paro docente vuelve a poner en el centro del debate la situación salarial del sector educativo y el financiamiento del sistema público de enseñanza, una discusión que se repite en el país cada vez que se acerca el inicio del año escolar.

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El Gobierno profundiza el ajuste fiscal y anuncia nuevos recortes para sostener el superávit

La administración de Javier Milei confirmó que avanzará con un nuevo paquete de medidas orientadas a consolidar el equilibrio de las cuentas públicas. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es “blindar” el superávit fiscal, mientras crecen las tensiones con gobernadores y gremios.

Ailén Lazarte

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El Gobierno nacional anunció que profundizará el ajuste del gasto público en las próximas semanas con el fin de mantener el superávit fiscal alcanzado en los primeros meses de gestión. La decisión forma parte del programa económico que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene como eje central el déficit cero.

Fuentes oficiales indicaron que las nuevas medidas incluirán recortes en partidas administrativas, revisión de contratos estatales y una reducción adicional en transferencias discrecionales a provincias. También se avanzaría en una reestructuración de organismos públicos considerados “ineficientes”, según la visión del Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Economía aseguran que el ordenamiento de las cuentas es condición necesaria para sostener la desaceleración inflacionaria y estabilizar el mercado cambiario. En ese sentido, remarcan que el equilibrio fiscal es la principal señal hacia los mercados y organismos internacionales.

Sin embargo, la profundización del ajuste generó preocupación en distintos sectores. Gobernadores de varias provincias advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes en obras públicas y programas sociales, mientras que gremios estatales anticiparon posibles medidas de fuerza si se producen nuevos despidos o reducciones salariales.

Analistas económicos señalan que el desafío del Gobierno será sostener el equilibrio sin afectar aún más el nivel de actividad y el consumo, en un contexto de caída del poder adquisitivo y retracción económica.

La Casa Rosada, por su parte, ratificó que no habrá marcha atrás: “El superávit no se negocia”, sostienen en el entorno presidencial, en línea con la hoja de ruta que el Presidente viene defendiendo desde el inicio de su mandato.

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Argentina pide a la Justicia de EE. UU. suspender proceso legal sobre YPF y frenar pedidos de información intrusivos

El Gobierno argentino solicitó formalmente ante un tribunal de Nueva York la suspensión del proceso de “discovery” —fase de intercambio de pruebas e información— en el litigio relacionado con la nacionalización de la petrolera estatal YPF, al considerar que los requerimientos actuales son **intrusivos, desproporcionados y afectan la soberanía nacional. La presentación también busca frenar un pedido de desacato formulado por los demandantes

Ailén Lazarte

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Qué motivó la presentación del Gobierno

La Procuración del Tesoro de la Nación presentó este miércoles ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, liderado por la jueza Loretta Preska, un pedido para suspender la etapa de discovery en el juicio por la expropiación de YPF, así como para retirar la solicitud de desacato en contra del Estado argentino impulsada por los demandantes.

El discovery es una fase del proceso judicial estadounidense en la que cada parte puede solicitar información, documentos y pruebas a la contraparte o a terceros. El Gobierno argentino sostiene que este mecanismo ha sido llevado “más allá de lo razonable” con requerimientos que, según su criterio, vulneran la soberanía del país y no contribuyen a la ejecución de una sentencia civil típica.

Argumentos del Estado argentino

En su presentación, la Procuración afirmó que:

  • Los pedidos de discovery se han tornado “intrusivos y desproporcionados”, afectando “de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales.”

  • El Gobierno ha cumplido de manera exhaustiva con sus obligaciones legales, entregando volúmenes significativos de información, pero aún así enfrentó exigencias que considera ajenas al objetivo del proceso.

  • Algunos de los pedidos impugnados incluyen solicitudes de información sensible sobre activos o comunicaciones que, a criterio argentino, no son pertinentes ni ejecutables según el derecho internacional.

El escrito también recuerda que en gobiernos anteriores la Argentina fue declarada en desacato en causas internacionales, pero subraya que esta administración ha cumplido con todos los requerimientos formales.

Contexto del caso

El litigio se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino asumió el control mayoritario de la petrolera. Accionistas minoritarios afectados presentaron demandas en tribunales de Estados Unidos argumentando que no se respetaron ciertos derechos de los inversores.

La Corte de Nueva York había dictado una condena que obliga a Argentina a pagar una indemnización millonaria (más de US$16.000 millones), y parte del conflicto actual gira en torno a cómo se ejecutaría esa sentencia.

Repercusiones y próximos pasos

La solicitud de suspensión presentada por Argentina ahora queda en manos de la justicia estadounidense, que deberá decidir si concede o no el pedido mientras avanzan las apelaciones y otros recursos legales disponibles.

Mientras tanto, la presentación subraya una postura firme del Gobierno de defender la soberanía jurídica del país y de cuestionar lo que considera un uso indebido de herramientas procesales por parte de los demandantes.

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